Retraso nefasto
La actuación judicial en el proceso seguido contra Allekema Lamari -uno de los radicales islamistas que se suicidaron el pasado 3 de abril en Leganés-, tras su detención en abril de 1997 y su condena por pertenencia a banda armada, constituye una buena radiografía del normal funcionamiento de la justicia en España. Todas las disfunciones estructurales y funcionales que aquejan a la organizacion judicial -dilaciones, incumplimiento de plazos procesales y organización de los tribunales como compartimentos estancos- se dan cita en este caso. Pero cuando entre las rendijas de este desajustado artefacto se escurre quien presumiblemente fue el máximo responsable de los atentados del 11-M en Madrid, el asunto es grave.
Lamari, condenado por la Audiencia Nacional tras un largo proceso de cuatro años de duración a un total de 14 años de prisión en junio de 2001, fue puesto en libertad el 29 de junio de 2002 por la tardanza del Supremo (de un mes y un día) en comunicar un fallo que confirmaba la condena, aunque rebajaba la pena a nueve años. La Audiencia Nacional consideró que, a falta de la decisión del Supremo sobre el recurso de casación interpuesto por el condenado, su obligación era ponerlo en libertad por cumplir en esa fecha el máximo de cinco años de prisión preventiva. Una decisión formalmente legal, pero radicalmente injusta: el 29 de junio de 2002, Lamari ya no era un preso preventivo, sino un condenado en firme. Y que tuvo como efecto poner en circulación nuevamente a un fanático islamista que se dedicó a partir de entonces a preparar el atentado terrorista más terrible jamás habido en España.
Ni el Supremo ni la Audiencia Nacional actuaron con la diligencia y la cautela exigibles. El Supremo debió notificar de inmediato su sentencia al tratarse de una causa con preso acusado de terrorismo y, por tanto, con riesgo de ser puesto en libertad por cumplimiento de los plazos legales de prisión preventiva. Y la Audiencia Nacional, que sabía que la causa estaba recurrida ante el Supremo, debió hacer algún tipo de indagación antes de tomar una decisión tan arriesgada. ¿Habría puesto en libertad a Lamari el 29 de junio de 2002 de haber sabido, aunque fuera extraoficialmente, que el Supremo lo había condenado en firme tres semanas antes? Sin duda que no. No tiene justificación, y de ahí el escándalo que produce esta falta de comunicación en el seno de la justicia con efectos a veces tan funestos. Cuando la Audiencia reaccionó, era demasiado tarde: Lamari estaba fuera del alcance de la policía y la orden de busca y captura no sirvió para nada.
