Las navarras siguen sin poder abortar legalmente en su comunidad

Las mujeres navarras siguen sin poder ejercer su derecho al aborto en la Comunidad foral. El Gobierno de UPN-CDN continúa financiando la interrupción voluntaria del embarazo con arreglo a la ley, pero las mujeres tienen que desplazarse a clínicas privadas situadas en Aragón y Madrid. En 2003 este capítulo le supuso un gasto de 45.738 euros. El PSN-PSOE ha exigido la comparecencia parlamentaria de la consejera de Salud, María Kutz, para explicar por qué se sigue sin poder ejercer en Navarra este derecho legal.

Según los datos del Departamento de Salud del Gobierno foral, en 2003 fueron 54 las mujeres que se acogieron a los supuestos contemplados en la ley del aborto: violación, malformación congénita del feto o peligro para la integridad física o psíquica de la madre. El 96,2% de ellas tenía entre los 13 y los 19 años.

El número de abortos practicados en el presente siglo ha ido aumentando ininterrumpidamente: En 2000 fue de 46; de 52, en 2001; 53, en 2002 y 54, en 2003. El coste medio de cada interrupción fue de 847 euros.

El incumplimiento legal ha sido reiteradamente denunciado por los partidos de izquierda. "Ya es hora de que el Gobierno demuestre el respeto que merecen las mujeres en sus decisiones y cumpla la legislación proveyendo de los servicios necesarios" en Navarra, ha dicho el PSN-PSOE.

Mientras el nuevo Gobierno del Rodríguez Zapatero estudia la ampliación de los supuestos legales que la ley exige actualmente para permitir las interrupciones voluntarias del embarazo incluyendo un cuarto supuesto, en Navarra se sigue sin poder ejercer en ningún caso ese derecho legal.

El origen de la imposibilidad de abortar en la red sanitaria pública navarra (ninguna clínica privada practica este tipo de intervenciones) hay que encontrarlo en el procesamiento judicial al que fueron sometidos en 1987 los primeros ginecólogos navarros que realizaron una interrupción legal del embarazo a una joven en el centro hospitalario Virgen del Camino de Pamplona.

Grupos de extrema derecha y asociaciones ultraconservadoras desarrollaron una intensa campaña contra los tres médicos implicados, que tuvo una fuerte repercusión pública con la difusión de sus identidades, una campaña de amenazas e insultos y el definitivo procesamiento judicial al que se vieron sometidos en la Audiencia Provincial de Pamplona.

Cláusula de conciencia

Tras aquellos traumáticos hechos ningún otro médico ha practicado un aborto en la red pública foral. Oficialmente, no hay en todo el Servicio Navarro de Salud-Osasunbidea ninguna persona dispuesta a practicar abortos. Todos los ginecólogos y personal médico se acoge a la cláusula de conciencia para negarse. Esa ha venido siendo la explicación oficial de los sucesivos consejeros navarros de Salud, aunque desde la oposición siempre se ha denunciado "la coacción de la que son objeto los profesionales sanitarios que no son contrarios a practicar abortos", en palabras del portavoz del PSN-PSOE, Jorge Mori.

En el año 2000 el catedrático de ética y filosofía de la UPV Aurelio Arteta recordó en dos artículos periodísticos que la sentencia 53/1985 del Tribunal Constitucional y la jurisprudencia posterior del mismo órgano judicial limitaron el alcance general de la objeción de conciencia y dictaminaron "con insistencia", señaló Arteta, "que tal forma de objeción constituye un derecho no fundamental". Ya ese año Arteta consideraba "desgraciadamente probable" que algunos médicos se negaran a practicar abortos "por motivos que nada tengan que ver con su conciencia". El filósofo sentenciaba: "En Navarra ese excepcional derecho a la objeción se ha convertido paradójicamente en la regla" y apelaba a las instituciones públicas para que garantizasen a las gestantes el ejercicio de su derecho. Cuatro años después, el Gobierno de UPN-CDN sigue sin garantizar ese derecho y continúa sufragando a través de conciertos con clínicas privadas abortar fuera de Navarra, incluyendo dietas de pernocta y viaje, además de la intervención.