Los obispos dicen que el Estado no puede legislar sobre "un derecho inexistente"

"Una propuesta errónea e injusta". Así recibió ayer la Conferencia Episcopal Española el anteproyecto de reforma del Código Civil para permitir los matrimonios homosexuales. "A dos personas del mismo sexo no les asiste ningún derecho a contraer matrimonio entre ellas. El Estado no puede reconocer este derecho inexistente, a no ser actuando de un modo arbitrario que excede sus capacidades y que dañará, sin duda muy seriamente, el bien común", dijo en una nota el máximo organismo episcopal. Por su parte, el PP insistió en regular esta unión afectiva sin llamarla matrimonio.

A pesar de que el ministro de Justicia había dicho poco antes que el anteproyecto de reforma del Código Civil para permitir los matrimonios homosexuales "no va contra nada ni contra nadie", el órgano de coordinación de los obispos españoles se tomó el acuerdo del Gobierno socialista como una afrenta a sus más hondos principios ontológicos. "Las razones que avalan estas proposiciones son de orden antropológico, social y jurídico", dice la nota episcopal. La jerarquía del catolicismo español también advirtió de otros peligros de la reforma, incluso los económicos. "La medida tendrá consecuencias negativas que afectarán a toda la sociedad. No se trata de reconocer un pretendido derecho a algunas personas que en nada perjudicaría a los demás. Dar curso legal a un supuesto matrimonio entre personas del mismo sexo afectará seriamente a la institución matrimonial. Fabricar moneda falsa es devaluar la moneda verdadera y poner en peligro todo el sistema económico", dijeron los prelados.

La sabiduría humana

"Si esta legislación se llevara adelante, abandonaríamos la sabiduría humana y jurídica de toda la humanidad. La historia universal lo confirma: ninguna sociedad ha dado a las relaciones homosexuales el reconocimiento jurídico de la institución matrimonial", concluye la nota. Antes, los prelados habían lanzado dos preguntas: "¿Será posible seguir sosteniendo la verdad del matrimonio, y educando a los hijos de acuerdo con ella, sin que padres y educadores vean conculcado su derecho a hacerlo así por un nuevo sistema legal contrario a la razón? ¿No se acabará tratando de imponer a todos por la pura fuerza de la ley una visión de las cosas contraria a la verdad del matrimonio?".

Por su parte, la portavoz adjunta del Grupo Popular, Ana Torme, manifestó que, con esta legalización, el Ejecutivo socialista "vuelve a demostrar que gobierna para minorías, sólo para unos pocos". El PP rechaza que estas uniones civiles tengan la categoría de matrimonio, informa Efe. Los conservadores también se oponen a que las parejas homosexuales accedan a la adopción de menores, una posibilidad compartida por el presidente del grupo de CiU en el Congreso y líder de Unió Democràtica, Josep Antoni Duran Lleida. Los cuatro diputados de Unió Democràtica votarán en contra de la reforma, pero los seis de Convergència Democràtica tendrán en cambio libertad de voto, al igual que los siete diputados del PNV.