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La empresa alemana Bosch rompe la semana laboral de 35 horas en Francia

La plantilla acepta reducir costes para evitar que la sociedad se traslade a Chequia

La plantilla de una de las fábricas francesas de la empresa alemana Robert Bosch ha aceptado romper la semana laboral de 35 horas, añadiéndole una hora extraordinaria sin compensación salarial alguna, y bajo la amenaza de trasladar su producción a Chequia. La empresa alemana es la primera que aplica en Francia esta medida llevada a cabo en compañías de su país, como Siemens, para ampliar el número de horas trabajadas. Lo sucedido tiene valor de prueba en Francia, sometido a fuertes polémicas sobre si ha hecho bien o mal en implantar la jornada de 35 horas.

Esta es la primera vez que se amplía la jornada sin contrapartidas y por consenso casi total de una plantilla francesa. El hecho se produce en coincidencia con las críticas constantes del Gobierno actual a la izquierda por haber introducido las 35 horas a finales de los años noventa, que ha hecho de Francia el país de la OCDE en el que se trabajan menos horas por persona y año, de los 30 que componen esa organización.

Para conseguirlo, la empresa alemana comunicó a los sindicatos que estaba dispuesta a llevarse parte de la producción a la República Checa, si no se aceptaba el conjunto de su plan al menos por el 90% de la plantilla. La respuesta, mayor de la esperada, implica la modificación de los contratos de trabajo de todos los empleados. El 98% de ellos votó mediante carta personal a favor del paso a las 36 horas, en el marco de un plan que pretende reducir en un 12% los costes salariales globales.

Despidos

De los 820 asalariados de Bosch en Vénissieux (en la periferia de Lyón), sólo 18 se negaron a aceptar el cambio de sus contratos y previsiblemente serán despedidos. Los demás aceptaron el preacuerdo al que habían llegado la dirección y los sindicatos mayoritarios en la empresa (aunque minoritarios en el conjunto del país), para que ésta invierta 12 millones de euros en la modernización de la factoría.

Esta inversión pretende salvar 190 de los 300 empleos amenazados por la fabricación tradicional del sistema de inyección de los motores diésel, que ya no responde a las normas medioambientales europeas y sólo tiene salida hacia los países menos avanzados.

La fabricación debía empezar a detenerse a partir de 2005. Bosch había proyectado invertir en la fabricación de bombas distribuidoras de alta presión en la República Checa, a lo cual ha renunciado tras la respuesta de la plantilla francesa. Aún así, 110 trabajadores se verán excluidos de la nueva instalación, aunque tendrán propuestas de traslado a otras fábricas de la empresa o bajas negociadas.

La Confederación General de Trabajadores (CGT), que es el sindicato más importante de Francia, mostró ayer su alarma absoluta ante la situación creada. Una generalización de medidas similares terminará rompiendo el poder de los sindicatos franceses, que no tienen muchos afiliados, pero han mantenido una gran fuerza hasta ahora.

La CGT fracasó en el intento de desencadenar el rechazo de los empleados al acuerdo con la empresa Bosch y ahora, tanto esta central como Force Ouvrière (también importante en el conjunto del país, pero no en la empresa afectada) denuncian "el chantaje" de la empresa y el del Gobierno.

Críticas al Gobierno

A juicio de la secretaria general de este sindicato, el Gobierno francés es "totalmente cómplice" de obligar a los empleados a modificar las condiciones de trabajo. El presidente de la República, Jacques Chirac, aseguró el 14 de julio que la jornada laboral de 35 horas seguirá vigente; pero este sindicato descubre que las facilidades legales para permitir horas extraordinarias (hasta ahora, retribuidas) y dar más libertad al diálogo social en las empresas "abre vías nuevas a las empresas para chantajear a sus trabajadores".

Tales prácticas invitan a los empresarios, según la CGT, a "utilizar sistemáticamente el chantaje de la deslocalización o de la reestructuración, para obligar a los asalariados a aceptar modificaciones de su estatuto social". El Gobierno de París guardó un silencio casi total.

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