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Padres y sindicatos piden una nueva norma que regule la admisión en los colegios concertados

La renta familiar o las enfermedades de los chavales puntúan para conseguir plaza

J. A. Aunión

Profesores, padres de alumnos, sindicatos..., todos lo saben, pero sigue ocurriendo: numerosos padres falsean las solicitudes de admisión para obtener más puntos en los baremos de admisión para acceder a los colegios concertados -privados sostenidos con fondos públicos, por tanto, gratuitos-. La Consejería de Educación afirma que no pueden revisar, una por una, todas las solicitudes. Sindicatos y asociaciones de padres de alumnos piden una nueva normativa que asegure "la igualdad de oportunidades para todos los alumnos en estos centros".

Los colegios concertados de la región -el 30% de un total de 2.800- parecen ser los más deseados por los padres madrileños. La percepción de gran cantidad de progenitores es que la calidad de estos centros es superior a la de los públicos. Muchos de ellos están tan convencidos, que están dispuestos a presentar una declaración de la renta falsa, a pedirle a un médico que firme que su hijo padece una intolerancia a algún alimento o a empadronar al niño cerca del colegio con el fin de obtener más puntos en el baremo.

Los colegios concertados, a cambio de las subvenciones, han de cumplir algunos criterios marcados por el Gobierno regional, entre los que está el baremo de admisión de alumnos marcado por la ley. Pero "los padres se buscan la vida para llevar a su hijo al mejor colegio posible", afirmaba Rubén Cruz, director del colegio concertado de Moratalaz Gredos San Andrés II. El proceso de admisión de alumnos de educación infantil (tres años) en este colegio ha sido paralizado y se va a repetir, por orden de la Consejería de Educación, por la abultada cifra de niños admitidos que presentaban una enfermedad crónica digestiva, la cual da un punto extra en el proceso de admisión (véase EL PAÍS del 16 de mayo).

Puntos extra

La diferencia entre los chicos que pasan el corte y los que no suele ser de uno o dos puntos. Tan fácil como conseguir que un médico firme que su niño padece intolerancia a algún alimento -según asegura una pediatra consultada a través del Colegio madrileño de Médicos-, es conseguir que algún familiar, amigo o conocido que viva en el área de influencia del colegio en cuestión permita empadronar al niño en su casa. Esto da la máxima puntuación en este otro apartado, un cuatro.

Y seguimos sumando. Según algunos padres, y confirmado por la Agencia Tributaria, es posible presentar una declaración de la renta, aunque no sea del todo cierta, con la que se obtenga la máxima puntuación en el apartado de ingresos familiares, la cual se presenta en el colegio. Esto no les causa problemas con el fisco, ya que han presentado poco después una declaración complementaria, esta vez verdadera, que anula la anterior ante los ojos de Hacienda. Ésta no la presentan en el colegio.

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Tanto CC OO como la Federación Regional de Padres y Madres de Alumnos (FAPA), están al corriente de estas prácticas. Desde la Consejería de Educación, explican que la inspección actúa sólo cuando algún padre denuncia. "El consejo escolar de cada centro es quien revisa todas las solicitudes y a quien deben llegar, en primer lugar, las quejas. Si aun así el padre no está de acuerdo, lleva esa queja a la consejería y actúa la inspección". Pero la mayoría de los progenitores, al menos la mayoría del gran número que se han puesto en contacto con este periódico, no quieren enemistarse con el colegio que esperan que sea en algún momento el de su hijo, por lo que no quieren denunciarlo dando nombre y apellidos.

Mercedes Díaz, presidenta de FAPA, va más allá. Acusa a los centros concertados de practicar todo tipo de medidas para "seguir eligiendo a su alumnado a pesar de que ya no son privados". Asegura que entre ellas está la de informar a algunos padres de los trucos antes mencionados. Desde la Confederación Española de Centros de Enseñanzas -patronal de los colegios concertados- aseguran, sin embargo, que en estos centros "se respeta escrupulosamente la ley". "Si los padres llevan a cabo estas prácticas y a nosotros nos llegan unas solicitudes con su correspondiente documentación, no podemos hacer nada", explican.

Lo que tanto CC OO como la FAPA piden es que la Comunidad de Madrid, "haga una nueva regulación que garantice que todos los alumnos tienen las mismas oportunidades en estos colegios que reciben el dinero de las instituciones", afirma Francisco García, de CC OO.

Entre las propuestas, está la de que las solicitudes se entreguen, no en los colegios, sino en comisiones de escolarización centralizadas por cada distrito.

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Sobre la firma

J. A. Aunión
Reportero de El País Semanal. Especializado en información educativa durante más de una década, también ha trabajado para las secciones de Local-Madrid, Reportajes, Cultura y EL PAÍS_LAB, el equipo del diario dedicado a experimentar con nuevos formatos.

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