A la Defensora y a los estudiantes

Me refiero a la réplica a mi anterior carta, que, bajo el título Precisiones inexactas, publicaba la Defensora del Universitario de la Universidad Autónoma el 10 de mayo.

Me voy a permitir alguna precisión más (la adjetivación se la dejo a la Defensora). El sistema de becas universitarias no es, como la Defensora parece pensar, un concurso de premios, sino, más bien, una inversión, como lo es todo el gasto en enseñanza. No se trata de un mecanismo retributivo (para eso está el Ministerio de Justicia) ni redistributivo (para eso está el de Hacienda).

Con las becas no se trata de poner una medalla al "repelente niño Vicente", como la Defensora sugería en su carta y en su artículo. La becas son una inversión que la sociedad hace para estimular el trabajo de los estudiantes más prometedores, con vistas a obtener los mejores profesionales, cuyo buen trabajo futuro justifique el esfuerzo realizado hoy por los ciudadanos.

Becando a los mejores estudiantes (como en toda inversión, podemos equivocarnos; por eso tratamos de aplicar los criterios más rigurosos) aseguramos a las generaciones venideras los mejores médicos, abogados, ingenieros, etcétera; es decir, el mayor bienestar y crecimiento económico.

Me parece bien que la Defensora defienda al universitario; pero en su defensa no debe excluir ni al buen universitario ni a la sociedad, a quien la Universidad debe su existencia y debe servir.

Por otra parte, la Dirección General de Universidades e Investigación de la Comunidad de Madrid comparte el malestar de los estudiantes ante las repetidas y anunciadas huelgas de los profesores de las universidades públicas de nuestra región. Por eso, y ante la inexactitud de la información que incluye el texto de la carta de José Miguel Calvo Cordente, creemos necesario responder ahora al alumno.

Lo primero que debemos señalar es que la presidenta de la Comunidad de Madrid no ha incumplido ningún acuerdo. El alumno dice en su carta que a los profesores les corresponde legítimamente el complemento que ahora exigen porque "firmaron un acuerdo con la Comunidad para igualar sus salarios a los de secundaria".

Y nada más lejos de la realidad, porque los profesores universitarios son, o bien funcionarios del Estado, y tienen por tanto sus retribuciones fijadas por real decreto, o bien personal contratado directamente por las universidades, por lo que sus condiciones laborales vienen fijadas en convenio colectivo y en los contratos individuales que firman con sus empleadores, como cualquier otro trabajador por cuenta ajena.

Queda claro que la Comunidad no es parte en ninguno de los dos supuestos anteriores. Ni la presidenta actual de la Comunidad de Madrid ni su anterior presidente han firmado, por tanto, un acuerdo del que no pueden formar parte y que, por consiguiente, no pueden incumplir.

Sobre el derecho de los profesores universitarios a recibir un complemento a sus sueldos para igualarlo al de los profesores de secundaria, debemos remitirnos a lo dicho en el párrafo anterior y a lo que dice la Ley Orgánica de Universidades al respecto de los complementos salariales autonómicos, que por definición deben responder a los especiales méritos individuales de cada docente, y a nada más, y en ese nada más se incluye la equiparación con otros docentes o con otros funcionarios.

Esperamos haber disipado las dudas y reparos que las imprecisiones contenidas en la carta que ahora contestamos hayan podido despertar.

Información más detallada sobre el régimen laboral y retributivo del personal docente e investigador de las universidades públicas y sobre el complemento retributivo al que hace referencia José Miguel Calvo Cordente puede consultarse en la página web de la Consejería de Educación de nuestra comunidad: http://www.madrid.org, sección Educación / Universidades e Investigación / Actualidad.