El Constitucional admite el recurso del Gobierno central y suspende el acuerdo de pesca con Mauritania

El Tribunal Constitucional ha admitido a trámite el conflicto de competencias promovido por el anterior Gobierno central contra el acuerdo pesquero firmado el 21 de septiembre entre el consejero de Agricultura y Pesca, Gonzalo Sáenz de Samaniego, y Mauritania. La admisión consta en una providencia firmada por el presidente del alto tribunal, Manuel Jiménez de Parga, y fechada el 28 de abril, que publicó ayer el BOE.

El Constitucional precisa que el acuerdo queda suspendido desde el pasado 30 de enero, fecha de la interposición del conflicto por el Gobierno central, que invocó el artículo 161.2 de la Constitución, que le permite "impugnar disposiciones y resoluciones adoptadas por los órganos de las comunidades autónomas". En ese artículo se amparó el Ejecutivo de Aznar para pedir al Tribunal la suspensión inmediata del plan Ibarretxe.

El convenio pesquero suscrito con el país africano a espaldas de la UE molestó al Ministerio de Agricultura y Pesca, que elevó su protesta a las instancias comunitarias y exigió su suspensión. Pese a que Sáenz de Samaniego ha insistido en que el documento de cooperación sólo incluía mejora de las condiciones de los arrantzales que faenan en los caladeros de Mauritania, la Comisión Europea advirtió al Ejecutivo vasco de que ningún Gobierno regional puede entablar acuerdos con países al margen de la UE.

Ya a mediados de diciembre, la consejería reconoció que el acuerdo excedía de sus competencias y vulneraba la autoridad exclusiva de Bruselas para firmar tratados internacionales en materia de pesca. Así se recoge en una carta aclaratoria que el mismo consejero envió en esa fecha al Ministerio de Pesca y Economía del Gobierno mauritano, en la que asegura que los compromisos bilaterales están sometidos al acuerdo entre la UE y Mauritania, vigente hasta julio de 2006.

Agricultura difundió anoche una nota en la que sostiene que la resolución del Constitucional "no tiene efecto práctico alguno" sobre el acuerdo, "que cuenta con la aprobación" de la UE. La consejería tilda el recurso de "decisión del pasado" y defiende que Bruselas considera aclarada la polémica desde enero.