"Las oficinas del paro serán oficinas de empleo"

Antonio Fernández dedica los primeros días al frente de la nueva Consejería de Empleo a definir su estructura interna y, sobre todo, a impulsar el Servicio Andaluz de Empleo, la niña de los ojos de la consejería.

Pregunta. ¿Por qué separar ahora Empleo y lo que la pasada legislatura se denominó Desarrollo Tecnológico?

Respuesta. El Gobierno es un proyecto colectivo, no hay proyectos ni departamentos estancos. En esta legislatura, hay un objetivo que es incrementar todo lo que tenga que ver con la investigación y la innovación y lograr un aprovechamiento productivo. Yo creo que es bueno que exista una Consejería que utilice la capacidad de la administración para incidir en el proceso de I+D y en el sector privado. La idea es lograr empresas estables y de calidad, que ganen en productividad y competitividad y eso tendrá su efecto en la reducción del desempleo. Y por otro lado, es la primera vez en la historia que Andalucía tiene la competencia sobre las políticas activas de empleo. Y seguimos teniendo un problema claro, que es el de la creación de empleo, pese a que en los últimos años los datos han sido positivos. También hay un problema de temporalidad, que no es la adecuada para nuestra estructura productiva. Y tenemos que afrontar el despliegue territorial del Servicio Andaluz de Empleo. Por eso es bueno crear una consejería específicamente. Antes en una sola consejería optimizabamos todos los recursos, pero también es cierto que no teníamos otras competencias como las políticas activas de empleo.

"En cien días, la ley del Instituto de Prevención de Riesgos Laborales se remitirá al Parlamento"

"La gestión de las políticas activas de empleo nos da un plus de responsabilidad"

P. Pero hay muchas áreas que tenían una gestión común. Por ejemplo, ¿qué va a pasar con las unidades territoriales de empleo y desarrollo tecnológico?

R. Para mí, no hay problema en eso, porque, por ejemplo, la voluntad con la que nacieron estas unidades territoriales no va a cambiar. Desde el punto de visto de la naturaleza de los programas, de su financiación y de su objetivos, en la promoción del empleo y el desarrollo rural, están vinculadas a las políticas de empleo. Pero mi voluntad es que siga siendo una términal importante no sólo los demandantes de empleo, sino también para las empresas que tengan algún tipo de iniciativa o necesiten asesoramiento.

P. ¿Se quedará Empleo con las empresas deficitarias del IFA, como sugirió el consejero de Innovación, Francisco Vallejo?

R. El IFA, en su globalidad, mantiene todas las participaciones empresariales, y está adscrito al 100% a Innovación. Al día de hoy no hay ninguna decisión distinta de esa. Eso no impide una colaboración, como debe ser.

P. El objetivo del PSOE para esta legislatura es superar la cifra de tres millones de empleos en Andalucía. Con las políticas activas de empleo, ¿la Junta tiene más responsabilidad en la generación de puestos de trabajo?

R. Las competencias de las políticas activas de empleo nos da un plus de responsabilidad distinto al que hemos tenido a lo largo de la historia. Ahora la responsabilidad es mayor, pero en absoluto exclusiva. En el ámbito de la administración, el diseño de la política global y la legislación básica son competencias del Estado. Y ahí queremos opinar, en la regulación del empleo temporal o del trabajo a tiempo parcial. Si esa regulación no se corresponde a los problemas de la estructura productiva andaluza no conseguiremos todos los objetivos.

P. El Servicio Andaluz de Empleo está llamado a ser el organismo de referencia, ¿está ya a pleno rendimiento?

R. Las oficinas están todas están operativas, pero en estado de revista no. El traspaso que nos hicieron no corresponde en modo alguno al modelo de oficina que quiere poner en marcha la Junta. Nos han traspasado una oficina de paro y yo quiero hacer una oficina de empleo. El desempleado iba a una oficina de paro para ser inscrito en una lista, y ahora quiero que vaya a una oficina para ejercer un derecho básico, que es el derecho a la empleabilidad. Debe haber más medios humanos y técnicos, una nueva formación para los funcionarios y más recursos tecnológicos. Es un proyecto que nos va a llevar un par de años.

P. Los fondos a escuelas talleres, casas de oficios y talleres de empleo ya fueron asignados por el anterior gobierno, ¿tardará también dos años la Junta en decidir su distribución?

R. Dos años es el plazo máximo para completar el Servicio Andaluz de Empleo, en varias oficinas estamos invirtiendo y ya hemos incorporado más de mil personas a los trabajos de intermediación. En cuanto a las escuelas-taller, efectivamente estamos bastante limitados en la disponibilidades de este año, y al 100% la Junta no las tendrá hasta finales del año que viene.

P. ¿Exigirá al nuevo Gobierno socialista la gestión del antiguo PER como políticas activas?

R. A mí me gustaría en la entrevista que tengo prevista con el ministro de Trabajo [Jesús Caldera], explicarle alguna de las cosas que tenemos pendientes. Para nosotros es una política activa de empleo, y en eso queremos avanzar, y hay otros temas como la optimización de la oficina única de empleo, en la que ahora hay disfunciones...

P. O sea, que el pago de las prestaciones por desempleo también fuese asumido por la Junta.

R. Eso mejoraría la gestión integral de los servicios a los ciudadanos sin tocar para nada la caja única, que sería competencia del Estado.

P. ¿Cómo actuará el Servicio Andaluz de Empleo para poner en contacto a empresas y parados?

R. Le doy dos ejemplos de lo que se está haciendo ya en estos primeros meses. El Inem antes era una oficina de registro, no tenía una política de captación. En mes y medio, con la figura de la captación, hemos conseguido más de 2.000 puestos de trabajo en ofertas de empleo. Que los trabajadores de las oficinas del Servicio Andaluz de Empleo vayan a preguntar a las empresas qué necesitan, cómo lo quieren, eso no se hacía antes. Y luego, está el avance de los registros de contratos por Internet: más del 22% de los contratos registrados se han formalizado por Internet... Va a haber agentes de intermediación dedicados a las empresas; y los usuarios, los ciudadanos, van a tener un trato personalizado, con un análisis de sus posibilidades y la aplicación de itinerarios personalizados de inserción.

P. Para luchar contra la precariedad, ha empezado por la elaboración de un libro blanco, ¿No es una vía demasiado lenta?

R. Yo espero tener análisis realistas, conclusiones y propuestas en los primeros cien días. El primer borrador lo harán expertos, que son básicamente cátedros del mundo del derecho y la economía del trabajo, con los que me reuniré en breve. Pero la realidad ya te demuestra que hay una temporalidad estructural en nuestro mercado de trabajo, y luego hay otra temporalidad excesiva, no causal, que es la que hay que reducir. Tenemos que concienciarnos de que la cultura de la temporalidad no es un activo. Cuanta más gente participemos en esta idea, en que ese tipo de temporalidad no es propia de un empresario socialmente responsable, mucho mejor. La sociedad no debe premiar al fullero, sino al que prima el contrato estable o el temporal con derechos.

P. En la pasada legislatura no se aprobó el Instituto Andaluz de Riesgos Laborales, que iba a coordinar las políticas contra la siniestralidad laboral.

R. En prevención creo que se ha trabajado mucho y bien por parte de los agentes económicos y sociales. En la legislatura anterior se desarrolló un anteproyecto de ley, que yo ahora espero retomar y tratar de llevarlo al Consejo de Gobierno también en los cien primeros días. También tengo la intención de crear una dirección general de salud y seguridad laboral. Más allá de esto, hay que desarrollar instrumentos que tenemos, que son únicos en el Estado, como los delegados de prevención que trabajan en el sector de la construcción con el acuerdo de empresarios y sindicatos. O el plan general de prevención de riesgos laborales, ya aprobado, que hay que poner en marcha. Y luego, tiene que haber una complicidad ciudadana para proteger la vida humana en el ámbito laboral, no podemos ver situaciones de riesgo laboral y no advertirlo. De ahí el teléfono gratuito que quiero poner en funcionamiento este mes, que será más un teléfono de colaboración ciudadana que de denuncia.

P. La economía social, ¿debe incorporarse a la concertación junto a sindicatos y patronal?

R. Como siempre ha ocurrido el coordinador de la concertación es el consejero de Economía, pero en fin, se tienen que sentar en la mesa quienes acordemos todos, no tengo posiciones apriorísticas.