La confusión de las cifras
Arenas reclama a Chaves que exiga 16.300 millones por la financiación, cuando el PSOE pidió a Aznar un máximo de 4.625
"Es una tomadura de pelo". Así tildó el nuevo presidente del PP andaluz, Javier Arenas, el anuncio que realizó Manuel Chaves el pasado 20 de abril, sobre la apertura de negociaciones con el Gobierno central (socialista desde el 14-M) para saldar la deuda por la liquidación del anterior sistema de financiación autonómica, entre 1997 y 2001. Lo que le pareció "una tomadura de pelo" a Arenas fue la cifra de partida en la negociación: 2.500 millones de euros. "Eso no era lo que los socialistas reclamaban al Gobierno de Aznar" indicó el presidente del PP andaluz en conferencia de prensa (25 de abril). Y tras consultar a sus compañeros de mesa, sacó una nueva cifra: 16.300 millones, 13.800 más que lo que va a ser acordado. Desde entonces ha reiterado ese argumento para criticar la negociación iniciada por los socialistas. Un argumento que se basa en una confusión.
La oferta de Teófila Martínez permitió al PSOE rebajar sus exigencias
Los populares esgrimen números del debate de una proposición en el que votaron en contra
La Junta ya se mostró dispuesta a saldar el litigio en julio de 2002 por 2.363 millones
Los 16.300 millones que ahora esgrime el PP sólo tienen que ver, en parte, con la liquidación del anterior sistema de financiación autonómica. La cifra, la expuso el portavoz socialista en el Parlamento andaluz, José Caballos, el pasado 11 de diciembre, en el debate de una proposición no de ley que buscaba respaldar las distintas actuaciones de la Junta para reclamar al Gobierno central su "deuda con Andalucía". En su intervención, Caballos utilizó cálculos del Ejecutivo autonómico para exponer hasta siete asuntos en los que, a juicio del PSOE, el Gobierno había incumplido en sus compromisos financieros con Andalucía. Y sólo uno de ellos hacía referencia a la liquidación del anterior modelo de financiación autonómica.
En esa relación de impagos, Caballos incluyó la liquidación del anterior sistema de financiación autonómica (evaluado en 4.625 millones de euros), pero también otras impagos notables como 5.338 millones de euros por la mala distribución de fondos estructurales de la UE (Andalucía sólo recibió el 30%, cuando Bruselas le había asignado el 40%) y el fondo de cohesión (la comunidad sólo recibió el 8%). O 3.951 millones por la baja inversión del Estado en Andalucía, que según las cuentas de la Junta siempre había estado notablemente por debajo del peso andaluz en población y territorio (18%). O 1.148 millones de euros por la deuda histórica no satisfecha por el Ejecutivo central desde 1997.
Finalmente, la proposición no de ley votada aquel día en el Parlamento sólo incluyó lo relativo al anterior modelo de financiación, la baja inversión estatal y otras dos partidas menores (ver gráfico), además de una alusión genérica a la deuda histórica, sin concretar cifras. La suma total de esas exigencias era de 9.686 millones de euros. Y la proposición contó con los votos favorables del PSOE, del PA y de IU. El PP se opuso y el Grupo Mixto se abstuvo.
"De esa cifra lo más importante es lo que hace relación al anterior modelo de financiación y la exigencia de que se resuelva también lo relativo a la deuda histórica", concede Concha Caballero, portavoz de IU, "temas como la falta de inversión estatal son muy difíciles de reclamar una vez que han producido".
Caballero tampoco cree estrictamente necesario "las prisas" para solucionar la deuda histórica, una partida reconocida en el Estatuto, por la que el Gobierno central tendría que revisar anualmente la situación de los servicios y las infraestructuras públicas en Andalucía y establecer una ayuda adicional para paliar las diferencias con el resto del Estado. Este fondo adicional sólo se aprobó una vez, en 1997, y se dotó con 120 millones de euros. De ahí que el Ejecutivo andaluz haya consignado desde entonces cada año 120 millones en su presupuesto que el Gobierno central no ha pagado.
"Lo importante sería ahora crear una comisión entre el Gobierno y la Junta, que fijara los criterios para evaluar cada año la diferencia en el nivel de servicios y que esa diferencia se compensase de forma automática", dice Caballero.
IU y PA sí se han posicionado totalmente contra la pretensión del Ejecutivo andaluz de dar por finalizado el conflicto por el anterior sistema de financiación autonómica por 2.500 millones de euros. Ambos partidos recuerdan que la Junta de Andalucía cifró la deuda generada por ese motivo durante 1997 y 2001 en 4.625 millones de euros y consideran una "rebaja" firmar un acuerdo por menos dinero.
En realidad, fue una propuesta del PP la que ha permitido a la Junta dar por bueno ese acuerdo y evitar así un quebradero mayor de cabeza al nuevo vicepresidente y ministro de Economía y Hacienda, Pedro Solbes. El presidente de la Junta de Andalucía, Manuel Chaves, aceptó públicamente los 2.500 millones de euros en enero, cuando Javier Arenas (entonces ministro de Administraciones Públicas) y Cristóbal Montoro (Hacienda), respaldaron una oferta de Téofila Martínez, entonces candidata del PP a la presidencia de la Junta.
Martínez quiso neutralizar el rédito político que sacaban los socialistas del impago del anterior sistema de financiación. Y ofreció saldar el conflicto por una cifra global de 2.500 millones de euros. Se encontró con el aceptamiento inmediato de Chaves. La rapidez del sí de la Junta tenía una razón. Año y medio antes, el Ejecutivo andaluz había mostrado ya su conformidad a acabar con el conflicto por 2.363 millones, una cifra que salía de aplicar los mismos criterios del acuerdo del PP con Castilla-La Mancha y Extremadura, las otras dos comunidades que se quedaron fuera del sistema 1997-2001.
El Gobierno no cerró entonces el acuerdo. El importe del mismo era mucho mayor en el caso de Andalucía, que en el de las otras dos comunidades autónomas. Y el PSOE andaluz siguió exigiendo de forma pública los 4.625 millones de euros. Pero cuando llegó la oferta de Martínez, Chaves no dudó en coger los 2.500 millones y evitar así prolongar el conflicto.
Los resultados electorales del 14 de marzo acabaron por facilitar el acuerdo. Y cuando se cierre (Solbes y el consejero de Economía, José Antonio Griñán se han fijado un mes para hacerlo), será por una cantidad similar a los 2.500 millones de euros, la misma que Martínez ofreció y que Chaves se comprometió a respetar en campaña electoral. Como defienden IU y PA, serán 2.100 millones menos que lo que los socialsitas llegaron a exigir a los populares. Pero en ningún caso 13.800 millones, como plantea Arenas: esa cantidad corresponde al inventario completo de exigencias del PSOE al Gobierno que lideraba José María Aznar, del que el anterior sistema de financiación autonómica era sólo una parte. Después habrá que comprobar en qué quedan el resto de exigencias.
