Cataluña, atrévete
La última reunión del Consejo Europeo, que se celebró en Bruselas los pasados días 25 y 26 de marzo, ha confirmado el cambio de clima que ha producido en el seno de la Unión Europea, y más allá, en toda la situación política internacional, la victoria de Rodríguez Zapatero en las recientes elecciones generales. Hemos visto, por una parte, la frialdad con que se ha producido la despedida de José María Aznar, y por otra, el anuncio de Bertie Ahern, presidente actual del Consejo, de que, eliminada la posición de bloqueo que encabezaba el Gobierno español y ante la posición negociadora anunciada por el futuro presidente, el clima de consenso para aprobar el proyecto de Constitución es general y ésta puede ser un hecho en los próximos meses.
No hay duda de que esta nueva situación afecta a las posibilidades de Cataluña en sus aspiraciones a intervenir en la política europea y que obliga a hacer una nueva lectura del proyecto de Constitución que tenga en cuenta, al mismo tiempo, la capacidad de compromiso del futuro Gobierno del PSOE y los acuerdos firmados por el tripartito catalán con relación a la política europea, sin olvidar la declaración de Salzburgo adoptada por la IV Conferencia de Presidentes de las Regiones con Poder Legislativo del pasado mes de noviembre.
Es obligado considerar que, razonablemente, un proyecto de Constitución elaborado por consenso por una convención de 105 miembros representativos de gobiernos, parlamentos estatales, Parlamento Europeo y Comisión Europea sólo podía ser fruto de mutuas concesiones, tanto más por cuanto se trabajaba abriéndose paso en un proceso histórico que durante más de 50 años han hegemonizado los gobiernos de los Estados miembros. Unos Estados que, si bien pierden en el proyecto de Constitución una parte importante de su poder, siguen manteniendo en sus manos la llave para abrir la puerta que permita a las regiones europeas con poder legislativo intervenir directa y efectivamente en los centros de decisión de la Unión Europea. Pero, ante un texto marco que globalmente significa un paso adelante en la democratización de la Unión Europea, que comienza por conferirle personalidad jurídica y que incorpora, por ejemplo, el texto de la Carta de los Derechos Fundamentales, sería probablemente un error que Cataluña no intentara elaborar una posición común que, encabezada por el tripartito y con la voluntad de sumar todas las fuerzas políticas y sociales posibles -como se pretende con el nuevo Estatut-, definiera unos principios generales para presentarlos ante el Gobierno del Estado y llevarlos a las demás regiones europeas con poder legislativo. Una posición común que evitara en lo posible que un texto tan fundamental se convierta en instrumento esquemático de utilización meramente electoralista y que diera por sentado que no se establecen limitaciones al legítimo derecho de cada fuerza política a defender sus propias posiciones diferenciadas
expresadas a través de las propuestas programáticas que ofrecerán a los ciudadanos en las próximas elecciones al Parlamento Europeo del 13 de junio.
En resumen, la dinámica constituyente europea se ha recuperado gracias al resultado electoral del 14 de marzo en España, lo cual es, en principio, un hecho positivo que permite pensar que dentro de pocos meses podemos contar con un proyecto de Constitución aprobado en primera instancia por los gobiernos de los Estados. Y esta perspectiva invita a toda la sociedad catalana a definir y a defender unida su posición común ante la política europea del nuevo Gobierno del Estado y a transmitirla también a las instituciones europeas. Con realismo, sí, pero sin claudicación ni demagogia, evitando frustraciones y conscientes del sentido de responsabilidad que exige una etapa del proceso de construcción europea que, sin exageración y sin caer en el tópico, entre todos podríamos hacer que fuera histórica.
