Las obras, en el cuadrilátero político
Las grandes infraestructuras vascas pagan los desencuentros entre Madrid y Vitoria
Álvaro Amann, consejero de Transportes y Obras Públicas, está enfadado porque en Madrid no le cogen el teléfono. Sólo recibe largas y, de vez en cuando, una citación judicial o un silencio por respuesta. Es la consecuencia del profundo desencuentro que mantiene con los responsables del Ministerio de Fomento. La gestión de las infraestructuras públicas en Euskadi es una de las materias que se ha resentido por la falta de sintonía política y la conflictividad que caracteriza desde el Pacto de Lizarra las relaciones ente los gobiernos central y vasco.
La Y ferroviaria vasca ha estado en la cúspide de los desencuentros, anunque en el penúltimo Consejo de Ministros de la era Aznar se haya desbloqueado este proyecto que unirá las tres capitales. El Ministerio de Fomento autorizó el pasado 13 de febrero la construcción de 48 kilómetros (tres tramos en Guipúzcoa, otros tres en Vizcaya y dos en Álava) del trazado con una inversión total de 814 millones de euros. Las obras podrían comenzar en 2005. La decisión del Gobierno ha sido aplaudida por el Ejecutivo autonómico, porque la red de alta velocidad vasca abandona la vía muerta.
Sin embargo, el conflicto de competencias sigue vivo. El Tribunal Constitucional tiene que resolver un recurso presentado por el Ejecutivo central contra la decisión del vasco de sacar a concurso en diciembre de 2002 varios tramos de la Y a su paso por Guipúzcoa. Las posturas se enconaron más aún cuando las autoridades vascas culparon al PP de que la Comisión Europea dejara la conexión vasca con Francia fuera de la lista de proyectos de ejecución inmediata.
La discordia ha rodeado también a la nueva conexión ferroviaria al Puerto de Bilbao mediante la construcción del túnel del Serantes, un ramal de 4,7 kilómetros que las autoridades vascas reivindican desde los años 90. De hecho, se esperaba ponerla en servicio a principios de esta década. Fomento mantiene un total mutismo sobre la obra, cuyo proyecto constructivo, que se adjudicó en marzo de 2002, está ya redactado. Pero Fomento, que ha sido requerido por este diario para explicar cómo está el proyecto, rehusó dar precisiones sobre su situación. Además, el Ejecutivo central se ha negado a estudiar la prolongación del túnel en otros siete kilómetros, porque el proyecto actual evita parte de la línea de pasajeros de Renfe de la margen Izquierda, pero el inconveniente se mantiene entre los municipios de Ortuella y Barakaldo. El Ayuntamiento de Ortuella presentó el pasado año una demanda contra el Gobierno de Madrid por negarse a su ampliación, aprobada por todos los partidos, incluido el PP. Ante esta situación, el Gobierno vasco ha decidido financiar la prolongación en solitario, una inversión que se calcula entre 200 y 250 millones de euros.
Sobre el aeropuerto de Hondarribia planea otro conflicto institucional enquistado. El Plan Director aprobado en julio de 2000 por Aena para este aeródromo, que contempla ampliar la pista de vuelos en 200 metros, mantiene desde entonces a la gresca a las instituciones central y vascas. Fomento quiere alargar la pista para adaptarla a la normativa de seguridad, mientras que los ayuntamientos de Hondarribia (el único que presentó alegaciones al Plan Director), Irún, San Sebastián, la Diputación guipuzcoana y el Gobierno vasco son contrarios porque obliga a derribar 223 viviendas del barrio de Mendelu y tiene afecciones medioambientales en el espacio protegido de la bahía de Txingudi y en la carretera que une Irún con Hondarribia.
El ministerio no ha aceptado reunirse con las autoridades vascas desde julio de 2002. Éstas le exigen un estudio en profundidad sobre el uso que tendrá en el futuro esta infraestructura cuando esté en servicio, hacia 2010, la Y vasca.
El caso de la presa de Ibiur resulta también paradigmático. Este obra hidraúlica fue adjudicada en 1997 por el Ministerio de Medio Ambiente, dirigido entonces por Isabel Tocino. La presa, que dará servicio a 52.000 habitantes del área de Tolosa, debía estar en funcionamiento desde hace varios años, pero una cadena de conflictos institucionales, políticos y partidistas han impedido iniciar las obras. No es casual que, en vísperas de iniciarse la campaña electoral, la ministra del ramo, Elvira Rodríguez, visitara los terrenos donde va a construirse para colocar la primera piedra.
