Los 20 acusados por el fraude de hidrocarburos de Granada ofrecen tres millones de euros al Estado
El juicio por el fraude presuntamente cometido por la empresa Hidrocarburos Andaluces comenzó ayer en Granada con sorpresa. Los 20 acusados de una estafa millonaria cometida en 1996 ofrecieron pagar al Estado tres millones de euros en concepto de indemnización, según explico el abogado de tres de ellos, Pablo Luna.
El fiscal sostiene que la empresa defraudó casi seis millones de euros a la Agencia Tributaria después de vender en menos de dos meses más de 20 millones de litros de gasóleo industrial a precio inferior al mercado entre marzo y abril de 1996. La empresa vendía a precio barato, según el fiscal, porque no pagaba ni pensaba los impuestos que gravan los combustibles. Tras ser denunciada, la empresa solicitó un aplazamiento por falta de liquidez. Los responsables intentaron entonces vender la empresa "para que no quedara nadie como responsable", según el fiscal.
Luna explicó que "ahora se abre un periodo de negociación en el juicio". El juicio continuará el día 19. El juez ha fijado vistas cada semana durante casi dos meses. La mayoría de los acusados son de fuera de Andalucía.
El fiscal acusa, en los 28 folios del escrito de acusación, a los responsables de la empresa de un delito continuado de falsedad en documento oficial y mercantil y delitos continuados contra el mercado, los consumidores y la Hacienda Pública. Pide para los acusados penas que suman 70 años de cárcel, multas de hasta 60 millones de euros y una indemnización de 5,6 millones para la Agencia Tributaria. El fiscal asegura que era imposible mantener los márgenes comerciales con los que trabajaba Hidrocarburos Andaluces si no era para defraudar a Hacienda.
Afirma que la intención de los acusados era vender la empresa rápidamente tras el fraude para diluir las responsabilidades y defiende la actuación de la Agencia Tributaria, que intervino la empresa a los pocos meses de ponerse en marcha.
La defensa de los acusados sostiene, en líneas generales, que existe una falta administrativa por el impago de impuestos en tiempo y forma, pero que la Agencia Tributaria intervino la empresa de forma precipitada y que pensaban pagar los impuestos. Luna explicó que la oferta significa aceptar "en parte" las razones que expone el fiscal en su escrito de acusación.
El juicio ha tardado tanto en comenzar debido a los vaivenes entre las distintas instancias. El juez de instrucción remitió el caso a la Audiencia Nacional dada su envergadura -las pruebas documentales llegaron a ocupar una habitación-. La Audiencia Nacional se inhibió y lo devolvió a su primera jurisdicción porque los delitos eran de Granada. En enero, las defensas de los 20 acusados pidieron que el caso fuera a la Audiencia Provincial. Finalmente lo juzga el Juzgado de lo Penal número 3 de Granada.
