La policía francesa detiene a 75 supuestos pederastas por la desaparición de una niña
450 agentes toman pruebas de ADN a los arrestados y registran sus viviendas y ordenadores
El despliegue de medios no tiene precedentes. La policía francesa lanzó ayer en toda Francia una redada contra 84 personas fichadas por actividades de pederastia, de las cuales detuvo a 75. El objetivo de la operación, en la que participaron 450 agentes, es determinar si alguno de los arrestados es el culpable de la desaparición de Estelle Mouzin, de nueve años, que se esfumó el pasado 9 de enero, a la salida del colegio en un pueblo de la región de París. A los detenidos se les extrajo saliva para pruebas de ADN;, asimismo, sus viviendas, lugares de trabajo y ordenadores fueron registrados.
El caso de Estelle ha provocado momentos de emoción popular. Su foto figura en todas las comisarías y estaciones de ferrocarril y hay asociaciones dedicadas a mantener vivo el recuerdo de la niña. Nada se sabe en concreto del secuestrador, descrito vagamente como un cuarentón "de tipo europeo", eufemismo utilizado en los medios oficiosos para descartar que se trate de inmigrantes, en un país donde es de mal tono identificar el origen étnico o nacional de los sospechosos o detenidos.
Las 84 personas contra las que se lanzó la orden de arresto fueron seleccionadas tirando de fichero. Setenta y cinco fueron localizadas, ocho se encuentran bajo orden de captura y uno de los buscados ya había fallecido. La redada fue acompañada de un número indeterminado de registros domiciliarios y verificación de paredes falsas o huecos donde se pueda esconder a un cuerpo de pequeñas dimensiones.
Este tipo de investigaciones masivas, sin apenas pistas ni indicios, ya se ha producido otras veces desde que desapareció Estelle, aunque las anteriores no terminaron en las comisarías. En junio pasado, la policía se desplazó al pueblo de Guermantes, donde vivía la niña desaparecida, y allí mismo se produjo el interrogatorio de 300 familias para verificar qué es lo que había hecho cada uno de sus miembros en los días de la desaparición de Estelle. Una de las niñas del pueblo habló de un señor que le había molestado al salir de clase tres semanas después de la desaparición de Estelle, lo cual dio origen a la difusión de un retrato-robot y provocó el señalamiento de más de un millar de posibles sospechosos.
También se pidieron datos a cientos de talleres de la región parisiense que podrían haber trabajado con coches utilitarios blancos, porque alguien creía saber que el secuestrador se había llevado a la niña en un vehículo de esas características. Nadie fue detenido entonces. Los interrogatorios en el pueblo de Estelle se repitieron hace un mes y se extendieron a la localidad vecina de Conches-sur-Gondoire, cuyos habitantes también tuvieron que explicar sus actividades del 9 de enero o las visitas recibidas de forasteros, porque ahí se encuentra la escuela de Estelle.
El caso movió al ministro del Interior, Nicolas Sarkozy, a crear un grupo policial especializado en la investigación de malos tratos a la infancia, que parece haber extendido sus trabajos a un censo de unos 300 pederastas o sospechosos de serlo, según los escasos datos facilitados ayer por la célula de policía judicial encargada del caso, a cuyo frente se encuentra un fiscal.
Pese a su carácter masivo, las investigaciones en las que se invoca el nombre de la niña no suscitan protestas.
En general, el Sindicato de Magistrados (la principal asociación de jueces) y las asociaciones de derechos humanos denuncian como "liberticidas" los métodos del ministro del Interior, Nicolas Sarkozy, y la ampliación de poderes a la policía concedidos por la mayoría de derechas que controla el Parlamento francés desde junio de 2002. Pero, lejos de desgastarse, el ministro del Interior se afianza como el político más popular del país.
Ayer mismo se hizo pública una nueva denuncia de los métodos policiales usados en Francia. Esta vez procede del Comité Anti-Tortura del Consejo de Europa, que se hace eco de acusaciones a la policía de tratar a los extranjeros en espera de expulsión con "bofetadas, puntapiés, bastonazos, esposas demasiado apretadas, amenazas e insultos", según los datos recogidos durante una visita de dicho comité al aeropuerto parisiense Charles de Gaulle, efectuada entre el 17 y el 21 de junio del año pasado.
El Consejo de Europa añade que el Gobierno de París se ha comprometido a mejorar la atención médica en las zonas de retención de extranjeros y a instruir, muy concretamente, a las fuerzas policiales sobre la prohibición de "técnicas que puedan obstruir las vías respiratorias", así como presionar el tórax o trabar con adhesivos partes del cuerpo de los retenidos (la boca, por ejemplo). El Comité Anti-Tortura observó por sí mismo la superpoblación de la zona de retención aeroportuaria de París, después de fijarse en que una docena de personas estaban confinadas en 10 metros cuadrados, "en una atmósfera asfixiante".
