Implantar la LOCE costará 8.857 millones de euros

La Generalitat valenciana calcula que el coste autonómico de la implantación de la reforma educativa puesta en marcha por el Gobierno central este curso costará en los próximos cuatros años de aplicación al menos 8.857 millones de euros, según las estimaciones de partida de la Secretaría Autonómica de Educación. La friolera cifra (que iguala al volumen que maneja el Ejecutivo valenciano en un ejercicio presupuestario) no incluye el coste definitivo, por ejemplo, de la operación de descentralización y cesión municipal de parte de la gestión de la enseñanza Infantil y Primaria o la gratuidad escolar para los niños de 3 años fijada en la ley. Ante la complejidad, el Consell negocia a tres bandas con los ministerios implicados.

El presidente de la Generalitat, el Francisco Camps, quiere ser el primero en implantar la polémica Ley Orgánica de la Calidad Educativa que echó a andar en septiembre sin un plan estatal de financiación e inmersa en una fuerte controversia, pero con la que el Gobierno de Aznar pretende dar cerrojazo a la no menos controvertida reforma socialista LOGSE y dejar impreso su sello en una de las áreas clave de la gestión política. "Queremos implantar la LOCE en un tiempo razonable, pero urgente, porque el presidente Camps tiene mucho interés en que la Comunidad Valenciana sea pionera en este proceso, como lo fue con el desarrollo de la LOGSE", resumió ayer el secretario autonómico de Educación, Máximo Caturla, en una reunión informal con los medios de comunicación en la que trató de especificar los contenidos y plazos del Plan de Actuaciones para la Calidad de Sistema Educativo (PACSE) 2003-2007.

El PACSE es "un instrumento de trabajo para cuatro años" -un documento de 38 páginas que el consejero Esteban González Pons entrega a los agentes sociales, políticos, educativos y sindicales que forman parte del recién constituido Consell Escolar Valencià para iniciar un debate "abierto"-. Una estrategia que, en la práctica, busca reconducir el rechazo generalizado a una ley estatal que nació sin el consenso de las autonomías, entre otras razones, por la falta de financiación, como reconoce la consejería.

La falta de la preceptiva memoria del Ministerio de Educación que debía de haber acompañado la LOCE durante su tramitación en 2002 dejó el tema financiero en manos del Consejo de Política Fiscal que preside el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, y uno de los hombres del Gobierno de Aznar más ortodoxos con la doctrina del déficit cero, según confirmaron dos fuentes oficiales de otros dos departamentos valencianos, que asumen que el coste autonómico de la LOCE estimado por Caturla en 8.857 millones de euros (1,4 billones de pesetas en cuatro años) es difícil de digerir. Máxime, cuando como recordó ayer el propio Caturla, "la Comunidad Valenciana es la única que acaba de implantar la LOGSE, mediante la creación de una empresa pública CIEGSA". Un sistema de endeudamiento a corto y largo plazo -que el alcalde de Madrid, el popular Alberto Ruiz Gallardón, no descarta imitar para paliar el déficit de aulas públicas en la capital- que ha permitido culminar 445 actuaciones entre reformas y construcciones escolares, con un coste que supera los 180.000 millones de pesetas.

Caturla reconoce que en este momento trabaja para "ver cuánto cuesta la LOCE antes de reunirse con el ministro Montoro". Fuentes oficiales añaden la presión de los gobiernos populares autonómicos para "cumplir con el déficit cero" e "implantar la ley al mismo tiempo". "No se pueden hacer leyes y luego a ver cómo se financian", extrema un técnico. Caturla se está reuniendo también con el MEC [que acumula un considerable retraso en la elaboración de los decretos LOCE] lo que impide prevenir el coste total. No obstante, Caturla sostiene que las negociaciones van bien y que el MEC incluso "estudia implantar algunas cosas del PACSE en los que la Comunidad también va por delante". Entre ellos, por ejemplo, figura uno los asuntos más complejos, como la descentralización de la Infantil y Primaria y la gratuidad escolar para menores de 3 años, donde bajo el liderazgo de la Dirección de Función Pública valenciana y la Consejería de Educación (en sintonía con el nuevo rumbo tomado por el Ministerio de Administraciones Públicas) estudian fórmulas mixtas de cesión de la gestión a los Ayuntamientos.