La UE financiará y coordinará la expulsión de inmigrantes sin papeles

La Comisión Europea cumplió ayer con las directrices marcadas por los Gobiernos de los Quince y aprobó el reglamento por el que se regirá uno de los primeros instrumentos de la política común de inmigración: la agencia de control de fronteras. El nuevo organismo coordinará los vuelos conjuntos para expulsar a inmigrantes ilegales aportando apoyo logístico, aunque también financiero, pese a la opinión contraria expresada por la Eurocámara. También ayer Bruselas señaló la importancia de impulsar la política espacial para mejorar la seguridad.

El control de las fronteras se ha convertido en una prioridad para Europa. El impacto del terrorismo internacional y la creciente presión migratoria se unen a la próxima ampliación de la UE, con 10 países del Este hacia los que se desplazarán las nuevas fronteras de un territorio al que afluyen anualmente, según algunos cálculos, medio millón de inmigrantes. Según el último informe de Bruselas sobre la ampliación, varios países sufren aún importantes carencias: falta de preparación para acceder al espacio Schengen por su escaso control de fronteras (Polonia, Malta y Eslovaquia), poca adecuación a la política de visados (Chipre, Polonia y Eslovaquia) y a la de asilo (todos menos Estonia, Polonia y Eslovenia) y poco control de la inmigración (Lituania y Letonia).

La formación del personal de fronteras, el seguimiento de la investigación en medios tecnológicos para ejercer mejor el control y la vigilancia (como la detección de seres humanos en contenedores comerciales) y la asistencia en casos de crisis serán las tareas de esta agencia, que también desempeñará un papel destacado en los vuelos de repatriación conjuntos que organicen los países miembros que lo decidan. A propuesta de la presidencia italiana, los ministros de Interior aprobaron el pasado día 6 de noviembre un documento que especifica en qué condiciones se deben hacer esas repatriaciones colectivas de inmigrantes ilegales.

El Parlamento Europeo especificó hace seis meses en una resolución que tales expulsiones no deberían financiarse nunca con presupuesto comunitario, por considerar que "toda justificación del valor añadido de la financiación europea carece de fundamento". Desde la Eurocámara se señala que la UE está dando prioridad a las normas más restrictivas mientras se olvidan los proyectos de integración de inmigrantes como el estatuto de larga duración, bloqueado por el momento. Bruselas, sin embargo, apenas ha tardado una semana, tras el Consejo de Ministros de Interior, en presentar su propuesta para ejercer a nivel comunitario un papel crucial en estos vuelos fletados por los países miembros para devolver a inmigrantes ilegales.

Compartir gastos

En principio, el país que tome la iniciativa de fletar este tipo de vuelos es el que tiene que encargarse de organizar y financiar la operación, si bien compartiría gastos con los países interesados en aprovecharla. La futura agencia ayudaría fundamentalmente a coordinar la operación y las diversas escalas en territorio europeo.

La aportación financiera de la nueva agencia no podrá ser muy generosa al principio, ya que, a la espera de la decisión final de los Gobiernos, contará con un modesto presupuesto de entre seis y 10 millones de euros anuales en los próximos tres años. La central de la agencia estará en Bruselas, pero la gestión quedará muy descentralizada, con oficinas en varios países, entre ellos España, que utilizará el ya existente centro de control marítimo de Algeciras, y Alemania, que velará por el control terrestre. Se crearán dos oficinas más en Grecia, también para control marítimo, e Italia, para control aéreo. Todas estas oficinas son y serán puramente nacionales. En Bruselas habrá una treintena de empleados para empezar.

Las operaciones de repatriación, que algunos países europeos ya han organizado alguna vez, tropiezan habitualmente con la negativa de los países terceros a aceptar a los expulsados en su suelo. La Unión está intentando firmar con esos países acuerdos de readmisión para que se hagan cargo no sólo de sus ciudadanos emigrados, sino también de los que estuvieron en tránsito camino de Europa. Sólo Hong-Kong y Macao han firmado hasta la fecha.

Desde los servicios de investigación de la Comisión Europea y la Agencia Espacial Europea también se hará una aportación esencial al control fronterizo del continente. En la presentación del Libro Blanco sobre la política espacial europea, Bruselas apostó por una mayor inversión financiera en este terreno para mejorar la seguridad de Europa. Uno de los proyectos más ambiciosos en este capítulo es el del sistema de localización por satélite Galileo, que estará operativo en 2008 y que podrá calibrar imágenes en movimiento de entre uno y cinco metros y de unos pocos centímetros en parado, un instrumento a tener en cuenta a la hora de perseguir redes criminales, lo que podrá combinarse con el servicio que ofrecen los satélites de observación del sistema GMES (Global Monitoring for Environment and Security).