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sábado, 25 de octubre de 2003

Los inspectores de Hacienda denuncian hasta 14 'coladeros' para el fraude fiscal

Las sentencias por delito fiscal han caído de 293 en 1997 hasta 38 el pasado año

Los inspectores de Hacienda conocen mejor que nadie los vericuetos del fraude fiscal y han decidido detallarlos en un documento en el que denuncian el "escaso esfuerzo" para combatirlo de las autoridades responsables. El documento describe hasta 14 coladeros, amparados en una normativa que "dificulta su persecución" y parece destinada al "beneficio exclusivo" de contribuyentes con gran poder económico. Aseguran que el fraude va en aumento, en especial en los sectores financiero e inmobiliario, y denuncian que las sentencias por delito fiscal han caído en picado, hasta apenas 38 el pasado año.

El documento fue aprobado ayer por unanimidad en el XIII Congreso de Apife, la asociación que agrupa a la mayoría del colectivo, formado por unos 1.400 inspectores en toda España. Es la primera vez que se da este paso, que culmina una trayectoria de desencuentros con la dirección de la Agencia Tributaria, a la que pertenecen. En la asamblea del pasado año se pidió la dimisión del presidente de la Agencia, el actual secretario de Estado de Hacienda, Estanislao Rodríguez Ponga.

Los motivos vienen a ser los mismos que, ahora con más detalle, se expresan en el documento. "Las autoridades fiscales no se esfuerzan suficiente en la lucha contra el fraude", dice Apife, sobre todo en el más "sofisticado y complejo, organizado en tramas, alrededor de movimientos financieros financieros transfronterizos o ligado a paraísos fiscales, y que beneficia a contribuyentes de gran poder económico".

Sector financiero

Es más, añaden, "a veces tenemos la sensación de que se promueven normas que dificultan su persecución, o aparentemente destinadas al beneficio exclusivo de esos mismos contribuyentes". Sitúan los principales focos del fraude fiscal en el sector inmobiliario -"un importante refugio del dinero negro"- y financiero -"ofreciendo productos opacos diseñados a partir de una combinación de testaferros y paraísos fiscales"-, y denuncian la influencia que los grandes despachos de asesoría fiscal ejercen en el diseño de la política tributaria.

Los mecanismos para el fraude fiscal que se detallan en el documento incluyen desde los más generales hasta los más sofisticados. Son destacables los siguientes:

- Ley General Tributaria. Esta norma, aún en trámite parlamentario, contiene una rebaja de las sanciones por fraude fiscal que los inspectores consideran puede reducir su efecto disuasorio. Entienden que algunos aspectos, como la nueva figura del conflicto en la aplicación de la norma tributaria, pueden derivar en que los negocios simulados se acojan a ella para eludir las sanciones. Están también en contra de las denominadas actas con acuerdo (entre el inspector y el inspeccionado), porque creen que si las normas no están claras deben ser interpretadas por un órgano ajeno al proceso que establezca criterios comunes en toda la Administración Tributaria. En otros aspectos, consideran que va a ser más difícil obtener algunas informaciones financieras y no se simplifican los trámites para obtener datos de cuentas corrientes.

- Operaciones vinculadas y supresión de la transparencia fiscal. La nueva regulación de las operaciones vinculadas entre las sociedades de profesionales y sus socios, y la supresión de la trasparencia fiscal implica una "tributación a la carta" para los despachos de asesores, abogados, etcétera. Se trata de crear una sociedad limitada en la que se incluye como socios a los miembros de la familia, y hacia la que derivan los beneficios de su actividad en lugar de declararlos en el IRPF.

- Módulos. Este sistema, por el que tributan en el IRPF la mayoría de pequeños empresarios y profesionales, da lugar a un mercadeo de facturas falsas de IVA que utilizan grandes empresas para manejar dinero negro. Las facturas son emitidas por empresas sin actividad.

- Grandes patrimonios. La normativa fiscal permite, según los inspectores, varias vías de elusión para los grandes patrimonios. Según los inspectores, la normativa actual favorece la interposición de sociedades en la trasmisión de empresas familiares para el disfrute de beneficios fiscales. Las entidades sin fines de lucro han obtenido mayores ventajas fiscales sin que, en opinión de los inspectores, se asegure que cumplen fines altruistas.

- Intereses percibidos por no residentes. La exención de estas rentas puede utilizarse, por ejemplo, por una sociedad japonesa que no quiere tributar por el capital que presta a sus filiales en España. Para ello, le basta con constituir una filial en un país de la UE y desde esa filial le presta el dinero a la española.

- Las SIM y las SIMCAV. Las sociedades de inversión mobiliaria y las de inversión mobiliaria de capital variable manipulan las condiciones para beneficiarse de un régimen fiscal especial (número de partícipes, frecuencia y profundidad de la cotización, valores liquidativos, etcétera), aseguran los inspectores.

- Participaciones preferentes. La nueva regulación de las participaciones preferentes (emisiones en paraísos fiscales por parte de entidades financieras para cubrir el coeficiente de recursos propios) ha establecido, con carácter retroactivo, una amnistía fiscal para los "posibles abusos" cometidos hasta julio de este año.

Oficinas de la delegación de Hacienda de Madrid. / MIGUEL GENER

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