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El Gobierno rechaza las 70 propuestas de la oposición sobre el plan de Inserción

El tripartito alega su falta de tiempo para poder analizar todas las proposiciones

Los grupos parlamentarios que sustentan al Gobierno -PNV, EA e IU- rechazaron ayer en un instante las 70 propuestas de resolución que los partidos de la oposición habían presentado en el pleno de la Cámara para mejorar el Plan de Inserción 2003-2005. El consejero de Justicia, Joseba Azkarraga, de EA, presentó por la mañana el contenido del plan y por la tarde los grupos debatieron durante menos de una hora sobre las propuestas de populares, socialistas y el grupo de la ilegalizada Batasuna. El objetivo del plan es promover la inserción laboral de las personas en riesgo de exclusión, además de dotarles de recursos económicos para hacer frente a su situación. El proyecto tiene una dotación de 2.586 millones de euros, que aportarán el Gobierno, ayuntamientos y diputaciones para financiar una serie de acciones. Algunas de ellas ya se están ejecutando.

La parlamentaria y portavoz de IU en el debate, Kontxi Bilbao, reconoció, en un alarde de sinceridad política, que la falta de tiempo impidió a los grupos del tripartito analizar en profundidad las propuestas de la oposición. Tan sólo tuvieron ocasión de leerlas somenarnte, pero eso fue suficiente, dijo, para comprobar que gran parte de ellas trata sobre cuestiones que ya figuran en el plan, por lo que optaron por rechazarlas en su conjunto. El registro del Parlamento para entregar las proposiciones se abrió a las dos de la tarde y se cerró a las dos y media. Una hora de después se reanudó el debate.

"Algunas proposiciones podían haber sido incorporadas, pero con esa presión horaria es imposible. No se puede revisar en media hora una batería de 70 propuestas. Con más tiempo hubiéramos podido analizarlas con más detalle", lamentó Bilbao. Este reconocimiento de la portavoz de IU disparó el enfado y las críticas de la oposición, enrareciendo un debate que hasta ese momento había sido de guante blanco.

El PSE habló de "farsa", el PP consideró la declaración de Bilbao como un "desprecio" a la oposición y Sozialista Abertzaleak exigió un "esfuerzo intelectual" al Ejecutivo para justificar su rechazo global.La oposición recordó al tripartito que ha tenido tiempo de sobra para negociar sobre esta cuestión. Sin embargo, la popular Arantxa Quiroga lamentó que 'nadie desde el Gobierno' les haya llamado para conocer su postura. El Plan de Inserción 2003-2005 fue aprobado por el Gobierno el pasado julio. Aunque no tenía obligación de llevarlo al Parlamento, Azkarraga ha preferido hacerlo, con lo que una eventual alianza de los tres partidos de la oposición hubiese podido modificar una parte sustancial de los contenidos ya que suman mayoría. Sin embargo, populares, socialistas y SA se encontraban ayer en minoría debido a las numerosas ausencias de sus diputados. Además, PP y PSE votaron sistemáticamente en contra de las iniciativas de los independentistas, mientras que éstos rechazaron todas las propuestas del PP y se abstuvieron en algunas de los socialistas. Azkarraga defendió las bondades del plan, entre ellas la de coordinar todas las ayudas y las actuaciones que actualmente funcionan en Euskadi. El consejero también cargó contra la ley de Extranjería porque no facilita el acceso de los inmigrantes al trabajo, con lo que se cronifican como perceptores de las ayudas sociales. Casi el 22% de los actuales perceptores de la renta básica en Euskadi, unas 19.000 personas, es inmigrante. El consejero también adelantó el compromiso del Gobierno de reformar las Ayudas de Emergencia Social (AES), que son ayudas para una situación puntual, pero algunos perceptores las reciben de forma permanente. Los grupos de la oposición dejaron claras sus reticencias al proyecto, aunque usaron diferentes argumentos. En su opinión, no resuelve el problema estructural de la pobreza, no garantiza la inserción social de los perceptores de las ayudas sociales y no ha logrado el consenso de los agentes que trabajan en el mundo de la exclusión. El representante del PP Fernando Maura incluso descalificó el plan porque supone la 'sustitución de caridad privada por un sistema de asistencia pública'. Por parte del PSE, Gemma Zabaleta advirtió de que se trata de un 'plan de presente, que mira al pasado y que no aborda el futuro'. 'Es la ocasión de situarnos en la vanguardia europea sobre protección social', añadió. Zabaleta se quejó especialmente de la falta de atención que reciben los ayuntamientos, la puerta de entrada al sistema de los ciudadanos con más problemas. Antton Morcillo, de Sozialista Abertzaleak, reprochó al Gobierno la 'resignación' que deja traslucir el proyecto y la falta de consenso con los movimientos que trabajan en el mundo de la exclusión.

Percepciones y derecho a trabajar

El Plan de Inserción Social para el periodo 2003-2005 se fundamenta en un doble derecho: a la renta básica para las personas con menos recursos y en riesgo de exclusión (unas 20.000 en Euskadi), y a la inserción laboral. Para asegurarlo, el plan, dotado con 2.586 millones de euros, se propone que al menos el 50% de las personas que reciben la renta básica firmen un convenio de inserción con los servicios sociales municipales. Este documento les marcaría el itinerario a seguir hasta lograr su acomodo social o laboral. En la actualidad sólo un 22% de los 18.870 perceptores del salario social han firmado esa especie de contratos.

Otro de los objetivos concretos es aumentar de manera progresiva la cuantía de la renta básica, hasta que alcance en el 2006 el 86% del Salario Mínimo Interprofesional. Ahora es el 81%.

La promoción de la banca ética y la puesta en marcha de un programa de préstamos de urgencia en colaboración con las cajas de ahorro para personas que atraviesan una crisis económica puntual son algunas de las novedades del proyecto. La banca ética es una iniciativa que consiste en la emisión de unos depósitos solidarios que pueden suscribir clientes de la entidad. A cambio reciben un rédito anual del 1,40% y aportan el resto de la rentabilidad a préstamos asequibles para ciudadanos con problemas.

La reserva de 5.250 viviendas sociales para los colectivos más vulnerables, como madres separadas con hijos, es otra de las medidas recogidas en el plan.

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