El fiscal de delitos laborales se persona en los accidentes del hotel Atrium
El fiscal de delitos laborales de la Audiencia de Alicante, Miguel Gutiérrez, ha remitido sendos escritos a los jueces que investigan los accidentes mortales ocurridos en las obras del Atrium Beach y que costaron la vida a tres operarios, en los que les comunica la voluntad del ministerio público de estar presente de "manera activa" en la instrucción.
Miguel Gutiérrez, que asumirá en primera persona ambos casos, ha trasladado los escritos a los jueces instructores -los titulares de los juzgados número 1 y 2 de La Vila Joiosa- tras recibir las denuncias de CC OO sobre los dos siniestros, ocurridos a mediados de septiembre en las obras del complejo hotelero que se levanta en la Cala de Finestrat.
Habitualmente, la Fiscalía de Delitos Laborales espera al informe de la Inspección de Trabajo para personarse en los sumarios por accidentes laborales. No obstante, el documento, que en el caso de los siniestros del Atrium Beach aún no está redactado, será clave para las futuras diligencias, tanto a instancias de los magistrados como del ministerio público. Las diligencias practicadas hasta ahora se limitan a la toma de declaración de dos operarios por parte del titular del juzgado número 1, encargado la investigación del segundo accidente, el registrado el 17 de septiembre y que que costó a la vida a dos trabajadores. El primero se produjo seis días antes y causó la muerte de un albañil y heridas graves a otro operario.
Falta de coordinación
Según las denuncias presentadas por el sindicato CC OO, las causas de ambos accidentes fueron las deficientes medidas de seguridad derivadas de la "falta de coordinación" entre las diferentes subcontratas que trabajan en la obra. Ni los sindicatos ni la promotora saben el número real de empresas que han trabajado hasta ahora en las obras. Este dato también está supeditado a las conclusiones finales de los dos siniestros que está elaborando la Inspección de Trabajo.
Las obras del Atrium Beach están paralizados por orden de la dirección general de Trabajo desde el pasado día 19 de septiembre. Además de las supuestas irregularidades en el apartado de medidas de seguridad para garantizar la integridad física de los trabajadores, los trágicos accidentes destaparon otra presunta ilegalidad: las obras se estaban ejecutando sin la correspondientes autorización del Ayuntamiento de La Vila Joiosa, gobernado con mayoría absoluta por el PP. La obra excede la volumetría máxima autorizada por el Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) en esa zona del término municipal de La Vila Joiosa.
El Ayuntamiento, sin embargo, es partidario de legalizar el complejo y para ello ha planteado a la Consejería de Territorio y Vivienda la posibilidad de modificar el PGOU. La respuesta de la Consejería estará en función del alcance de la modificación.
