El Defensor del Pueblo denuncia la elevada precariedad laboral en las Administraciones

El Defensor del Pueblo, Enrique Múgica, ha remitido al Congreso de los Diputados un informe en el que denuncia la elevada precariedad del empleo público detectada en las Administraciones local y autonómica y también, en bastante menor medida, en la Administración central. El informe alerta sobre el "abuso de la eventualidad" entre los empleados públicos y el "incumplimiento de la ley" en las tres Administraciones. El texto, de 547 páginas, aporta abundantes datos sobre la temporalidad en la función pública y es consecuencia de las "numerosas quejas" que sobre el aumento de la eventualidad laboral ha recibido el Defensor del Pueblo "en los últimos años". La temporalidad del conjunto de las tres Administraciones supera el 20%.

La Administración local registra, con diferencia, el mayor porcentaje de empleo temporal, un 32%. Le sigue, con el 16,69%, la Administración autonómica. La Administración central se queda en el 1,61%, tras haber traspasado a las comunidades la precariedad laboral de la sanidad, con un 20%. Respecto al personal laboral, destacan el 21,89% de temporalidad en la Administración central y el 26,34% en la autonómica.

El informe sostiene que la excesiva temporalidad incide negativamente en los servicios públicos, especialmente en la sanidad, con el mencionado 20% de precariedad laboral; en la enseñanza no universitaria, donde alcanza el 18%, y también la justicia, con un 41,92% de jueces y magistrados sin plaza en propiedad. "La excesiva movilidad y la falta de estabilidad en el empleo provoca dificultades para llevar adelante un proyecto educativo continuado, lo que afecta a la calidad de la enseñanza", afirma. Lo mismo sostiene de la justicia.

Los sindicatos señalan que vienen denunciando la situación desde hace tiempo. Aurelio Palomares, secretario de acción sindical de la sección de Servicios Públicos de UGT, afirma que "desde que gobierna el PP, la temporalidad ha crecido insistentemente". Tanto Palomares como el portavoz del PSOE en la Comisión de Administraciones Públicas del Congreso, Ángel Martínez Sanjuán, sostienen que este crecimiento es consecuencia de la política presupuestaria del PP.

"Reducción de empleo"

Además, según Martínez Sanjuán, la política del Gobierno de "reducción del empleo público" se aplica obligatoriamente a las Administraciones autonómica y local porque "la Ley de Presupuestos es básica en materia de personal". Y recuerda que el PSOE ha enmendado sistemáticamente los Presupuestos en esta materia.

No obstante, Palomares confía en una reducción de la temporalidad en los próximos años. Ante "la situación alarmante", Gobierno y sindicatos alcanzaron en noviembre de 2002 un acuerdo para ir mermando la precariedad, de manera progresiva, hasta el 8%.

El Defensor del Pueblo afirma, en la presentación del informe, que la proliferación de empleados públicos "con carácter interino o que trabajan con contratos temporales o eventuales, en ocasiones durante largos periodos", provoca "situaciones no compatibles con el marco jurídico por el que se debe regir el acceso y la permanencia en la función pública".

Múgica apela al Reglamento de la Ley de Medidas para la Reforma de la Función Pública para destacar que "los nombramientos en régimen de interinidad sólo están justificados en casos excepcionales de estricta necesidad, en los que resulte inaplazable la cobertura de un puesto, y que los mismos sólo se pueden realizar por un tiempo determinado, que será el imprescindible para que las plazas correspondientes puedan cubrirse por funcionarios de carrera".

La conclusión del Defensor es que "la experiencia acumulada, en la tramitación de las quejas recibidas estos años y en las investigaciones de oficio realizadas, nos ha llevado al convencimiento de que la realidad es muy distinta a la que recoge el citado marco legal".

Abuso de la interinidad

Precisa que "los problemas que se derivan del abuso de las interinidades, en puestos que deben ser desempeñados por funcionarios de carrera, y de las situaciones de eventualidad y temporalidad en aquellos empleos laborales que por sus características deberían tener carácter fijo, nos alejan, en este campo, del modelo de función pública diseñado por el legislador".

Para el Defensor, esta situación "perjudica a los funcionarios que han accedido a sus empleos superando unas pruebas selectivas y que ven mermadas sus posibilidades de promoción y de movilidad por la presencia de interinos que ocupan puestos que ellos desearían cubrir". También perjudica a "los aspirantes a un primer empleo en el sector público, que ven con preocupación cómo la oferta de empleo público es escasa y no recoge muchas vacantes ocupadas por personal con nombramientos provisionales". Y, por último, "al propio personal interino que lleva mucho tiempo desempeñando funciones y que desea, lógicamente, la estabilidad profesional".

El informe denuncia "una gestión de los recursos humanos no ajustada a los principios de eficacia y eficiencia" y cuya consecuencia, advierte, es la creación de "un entramado de intereses contrapuestos, que da lugar a reivindicaciones contradictorias e irreconciliables entre sí".