La rosa perdida

La falta del "documento 1.2 o similar" es lo que le impide a María del Carmen Borrell Pérez recibir el apoyo económico que ofrece la Comunidad de Madrid a los ex presos políticos durante la dictadura de Franco. El documento debe acreditar que estuvo en prisión por motivos políticos, pero en el Ministerio del Interior sólo han confirmado que estuvo presa durante 384 días "por ningún sumario o procedimiento" y en los archivos del Tribunal Militar Territorial Primero, donde se guardan los expedientes de presos durante y después de la Guerra Civil, "no consta antecedente alguno" a su nombre.

Lo único que le queda a Maruja, como le conoce toda su gente, es su testimonio, pero no ha sido suficiente para acreditar ante la Comunidad que estuvo detenida por pertenecer a las Juventudes Socialistas Unificadas (JSU) y "conspirar" contra el régimen de Franco. "Lo que realmente me molestó fue que insinuaran que pude haber estado presa por un delito común. Yo siempre he estado muy orgullosa de mis ideas comunistas", asegura.

El Foro por la Recuperación de la Memoria Histórica ha conocido el caso y le ha ofrecido asistencia jurídica. "Me parece una actitud infausta por parte de la Comunidad de Madrid el hecho de dudar de la palabra de una persona de 81 años que toda su vida ha defendido sus ideales", manifiesta el abogado de Maruja, José Antonio Moreno.

A los 16 años, empezada la Guerra Civil, Maruja Borrell se unió a las JSU en el local de la calle Menéndez Pelayo, en Madrid. Las mujeres de este movimiento fueron conocidas posteriormente como Las Rosas, y sus principales actividades eran apoyar a los militantes republicanos repartiendo propaganda durante las manifestaciones, confeccionando uniformes para los milicianos que luchaban en el frente, y apoyando a las familias de los presos políticos del Ejército franquista.

Maruja recuerda el año que estuvo presa como si fuera ayer. El 11 de agosto de 1939 la fueron a buscar a su casa un par de falangistas que mostraron una placa y se la llevaron. "Me subieron a un tranvía y enseñaron la placa para no pagar el pasaje, unas mujeres que estaban allí decían 'pero si es una niña". A ella y a otras compañeras las había delatado un compañero de las JSU que había sido detenido unos días antes.

La encerraron en la prisión de Las Ventas, donde pasó más de un mes incomunicada. "Los primeros días fueron terribles, pasábamos hambre, mi madre no podía visitarme". Maruja ingresó en la prisión seis días después del fusilamiento de las Trece Rosas, un grupo de mujeres de las JSU que fue acusado de haber planeado el asesinato de un guardia civil. Los fusilamientos continuaron durante su estancia en Las Ventas. "Oíamos los disparos al amanecer y en la mañana llegaba una funcionaria y para asustarnos nos decía 'fulanita murió con el puño en alto', 'fulanita murió diciendo viva la República", recuerda.

Maruja salió 384 días después de haber ingresado en prisión. El motivo de su liberación fue la gestión que hizo su padre con un amigo falangista que cambió su expediente y así pudo salir en libertad bajo palabra. "Me quitó lo de conspiración y que iba detenida con otras compañeras, y me dejó en otro expediente en donde sólo estaba mi nombre y tenía como único delito el pertenecer a las JSU". Sus compañeras no corrieron la misma suerte, algunas murieron fusiladas, otras pasaron hasta 18 años en prisión. Maruja nunca fue juzgada, se benefició de un decreto de indulto que otorgó el general Francisco Franco cuando llevaba dos años y medio yendo a firmar cada 15 días a la comisaría de Policía.

Para la Comunidad de Madrid la falta del documento probatorio es suficiente para denegar la ayuda, que en este caso sería de unos 1.400 euros, en una sola entrega.

La viceconsejera de Presidencia, Carmen Díaz de Bustamante, reconoce que hay varios casos como este, en el que se solicita la ayuda pero no existen documentos que sirvan como prueba de que el encierro haya sido por motivos políticos.

Maruja cuenta que entregó a la Comunidad una carta que le escribió desde prisión Eugenio Mesón, jefe de las JSU en Madrid; de ese documento, según la consejería de Presidencia, no se puede sacar ninguna conclusión respecto a los motivos de su encierro y, además, no tiene ni "firma ni fecha".

"Querían firma y sello, pero si los guardias se daban cuenta que sacan la carta clandestinamente por medio de alguien que sale en libertad, ¿cómo te la va a firmar?, ¡en qué cabeza cabe!, eso sería igual que pedir la sentencia de muerte", se queja Maruja.

La Comunidad de Madrid aprobó por primera vez las ayudas a represaliados políticos en 1999, para cubrir a las personas que no habían recibido aportaciones del Gobierno central.

En un principio las ayudas de la Comunidad se limitaron a personas con más de 3 años de prisión, pero un año después se ampliaron a todos los que hubieran estado recluidos por lo menos 365 días.

En total se recibieron 3.075 solicitudes, de las que se concedieron ayudas a 1.837. Las mujeres que han solicitado la subvención fueron en total 283, y se les concedió a 177.

La Comunidad de Madrid ya cerró la convocatoria para solicitar apoyos, pero ha abierto un plazo extraordinario durante 2003 para que aquellas personas inconformes con el veredicto puedan recurrir la decisión.

Maruja espera la resolución de este asunto en su casa del barrio de Usera, en donde pasa los días interesada en la pretemporada del fútbol -"es que soy muy rara", dice- y leyendo los periódicos para mantenerse informada, aunque afirma que a ella el que más le gusta Mundo Obrero, órgano de difusión del Partido Comunista de España.