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Editorial:
Editorial
Es responsabilidad del director, y expresa la opinión del diario sobre asuntos de actualidad nacional o internacional

Enésima fuga

Varios narcotraficantes acusados de introducir en España dos toneladas de cocaína han ganado de nuevo la partida a la justicia poniéndose fuera de su alcance en el momento en que se les iba a notificar su condena y el ingreso en prisión. Hace apenas dos meses, otro se fugó inmediatamente después de ser puesto en libertad provisional, tras haber agotado el plazo legal máximo de permanencia en prisión preventiva sin que se hubiera celebrado el correspondiente juicio.

Son dos casos recientes que, unidos a otros, ponen en evidencia un funcionamiento de la Audiencia Nacional -el tribunal competente en la persecución penal del narcotráfico- que no se ajusta en absoluto a un tipo de crimen organizado que, por su poder económico y el cualificado asesoramiento jurídico de que dispone, está en condiciones de aprovechar en su favor los resquicios de la ley o cualquier descuido de los jueces. Si ante este tipo de delincuentes no se extrema la diligencia y se deja hacer a la maquinaria burocrática, lo más probable es que acaben burlándose de los tribunales y provoquen una justificada alarma social por una actuación judicial en cualquier caso incomprensible y probablemente negligente.

Tiene razón el vicepresidente Rajoy al señalar que este tipo de fugas no se evitan con nuevas reformas legales, sino con decisiones judiciales que no competen al Gobierno. Pero llama la atención la facilidad con que estos delincuentes eluden la vigilancia policial y traspasan las fronteras, por más que se dicten de inmediato órdenes internacionales de busca y captura. Y eso sí que compete al Gobierno.

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En el caso de los últimos narcotraficantes fugados se ha producido, sin duda, un imperdonable descuido de la Audiencia Nacional, que en el momento de concluir el juicio y proceder a dictar sentencia no tomó la precaución, amparada por la ley, de ordenar su arresto inmediato, dándoles así la oportunidad de fugarse. Pero el Gobierno, y en particular el ministro del Interior, no pueden irse de rositas. La policía estaba obligada a mantener localizados y vigilados a unos relevantes delincuentes para los que se solicitaban fuertes penas. Y que podían optar, como así lo hicieron, por tomar las de Villadiego.

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