La gangrena

El proceso de mercantilización de la realidad, la conversión de todos los componentes de la vida humana en productos que se venden y se compran, es decir, en mercancías, verdadera gangrena de las sociedades contemporáneas, avanza de manera imparable. Ese avance, que condena a la inexistencia a lo que no puede traducirse en lucro, no es consecuencia del azar, sino resultado de una concertación de voluntades, enmarcadas en la sola lógica económica y centradas en torno de un objetivo mayor: aumentar el volumen de negocios, generar mayores ganancias. Partiendo de la premisa de que el comercio es el medio privilegiado para lograrlo, el mundo de la gran empresa y, en particular, las multinacionales, que son sus principales actores y beneficiarios, se han dotado de una serie de dispositivos y de instrumentos susceptibles de favorecer sus propósitos. En primer lugar, la Organización Mundial del Comercio (OMC), programada en los acuerdos de Marraquech en 1994, que se instala en 1995 en Ginebra en los locales del GATT para continuar y completar sus actividades, extendiendo su competencia más allá de los productos industriales y estableciendo un órgano para la resolución de conflictos y desavenencias cuyas decisiones son obligatorias.

Hoy, la OMC, con sus 145 miembros y la fuerza que le da el artículo 16.4 del acuerdo por el que se creó, que consagra su preeminencia frente a los derechos nacionales de cada uno de los Estados que la forman, es tal vez la organización internacional de más poder efectivo. No sólo porque todos sus miembros tienen que adecuar sus marcos jurídicos a las reglas de funcionamiento de la OMC, sino porque esas reglas desbordan siempre las cuestiones puramente comerciales -por ejemplo, la recomendación del comité permanente de la OMC tres semanas antes de la catástrofe del Prestige para que se redujeran las regulaciones, consideradas excesivas, en materia de seguridad en el transporte marítimo- y tienen además una voluntad constante de extensión a otros ámbitos de intervención en virtud de lo que comienza a calificarse como el imperialismo del lucro. Esto es lo que está sucediendo con el Acuerdo General para el Comercio de Servicios (AGCS). Se trata de un conjunto de actividades de crecimiento exponencial, cuyo volumen de negocio evaluable supera los 8.600 millones de dólares, que se dividen en 12 sectores y 160 subsectores que van desde las obras públicas y los transportes hasta la salud, la comunicación, el medio ambiente (incluida el agua), la cultura y la educación. La casi totalidad de las actividades de esos diversos ámbitos puede ser objeto de un tratamiento comercial, pero la consideración económica no agota la razón de ser de dichas actividades ni puede primar -como pretenden las normas de la OMC- sobre todas las otras dimensiones. Por lo demás, la opacidad de su funcionamiento permite evitar el voto en la toma de decisiones y concentra el poder en los países del Quad (EE UU, Unión Europea, Canadá y Japón), dominados por los lobbies de las multinacionales, en particular el TABD (transatlantic business dialogue) y el ESF (european services forum), conjuntamente con la coalición estadounidense de servicios industriales. Todo lo cual supone un peligro grave para los servicios públicos cuya efectividad es un factor esencial para el equilibrio mundial y en particular de Europa, de cuyo modelo de sociedad son un componente fundamental. La amenaza, que no es de ahora, cuenta con un inquietante calendario. La UE, de la mano del comisario Pascal Lamy, del que conviene recordar su anterior pertenencia a la Rand Corporation, ha dirigido a 109 países la lista de servicios que la UE propone liberalizar con vistas a la conferencia de la OMC en Cancún, en septiembre de este año, en la que espera dejar planteadas las liberalizaciones clave para cerrar el dossier de los servicios antes de finales de 2004. La reacción no se ha hecho esperar y, tanto algunos políticos como la mayoría de los movimientos sociales, en especial Attac y Oxfam Solidaridad, quieren aplicar el principio de Drácula -hacer públicos los propósitos de la AGCS- y exigen una moratoria de toda negociación sobre los servicios hasta que se evalúen democráticamente los resultados de las políticas de la OMC y se renuncie a incorporar a los sectores que forman parte de los bienes comunes de la humanidad.