Familiar violencia
El informe elaborado por el Consejo General del Poder Judicial sobre el funcionamiento de la justicia en los casos de violencia doméstica tramitados durante los años 2001 y 2002 pone de manifiesto el desamparo en que se encuentran las vícitimas y la urgencia de que se apliquen cuanto antes las medidas legislativas en curso. El informe pone de manifiesto que una de cada cuatro víctimas había denunciado antes los malos tratos y que, en todos estos casos, la denuncia no había servido para protegerla frente al agresor. El porcentaje de casos en que se habían denunciado malos tratos antes del crimen (25% en 2002) no se corresponde con la percepción social que había en relación a esta cuestión e indica que los malos tratos en el ámbito doméstico constituyen un delito mucho más sumergido incluso de lo que aparentaba.
No debe sorprender que sea así. Como han puesto en evidencia los trabajos de la subcomisión parlamentaria encargada de abordar las medidas legislativas para luchar contra al violencia de género, es lógico que si el sistema judicial no dispone de un sistema rápido y eficaz de protección a las víctimas, éstas no recurran a la justicia. ¿Para qué van a hacerlo si no es capaz de darles amparo? Las mujeres que son maltratadas saben que la denuncia representa siempre un punto definitivo de ruptura con el agresor que puede empeorar su situación y precipitar incluso un desenlace dramático. En los casos analizados en el informe se observa con claridad que las medidas cautelares adoptadas son mínimas y escandalosamente insuficientes. En parte, por falta de una sensibilidad adecuada de los estamentos judiciales, pero sobre todo porque la legislación vigente, que califica los malos tratos como faltas, no permite actuaciones más drásticas. Y también observa el informe la dramática soledad de la víctima, pues cuando acude ante las instancias judiciales, lo hace en la mayoría de los casos sin letrado y sin ayuda social o psicológica.
Las reformas del Código Penal y de la Ley de Enjuiciamiento Criminal aprobadas por el Gobierno en enero pasado, que tipifican ya la primera agresión como delito susceptible de ser castigado con pena de prisión y permiten al juez decretar la prisión preventiva para los agresores, entre otras medidas, son fundamentales, como lo es la orden de protección inmediata aprobada ayer por la Comisión de Política Social del Congreso, que prevé medidas cautelares, tanto penales como civiles, destinadas a garantizar una protección efectiva de las víctimas. Pese a que existe un amplísimo consenso parlamentario sobre las medidas necesarias para tratar de atajar esta gangrena social, la respuesta del Gobierno está siendo excesivamente fragmentaria y desordenada. Las diferentes reformas en fase de tramitación recogen bastantes de las medidas propuestas, pero carecen del enfoque globalizador que hubiera aportado una ley integral, como proponía la izquierda y que se abortó por decisión personal del presidente del Gobierno, José María Aznar, que por hurtar a la oposición una victoria parlamentaria, prefirió una dispersa reforma legislativa.
