La Comunidad 'liquida' la Cámara de la Propiedad Urbana tras un siglo de historia

Un decreto dictado por el Gobierno regional el pasado 13 de febrero "reanuda el proceso de liquidación" de la Cámara de la Propiedad Urbana de Madrid, proceso iniciado por el Ejecutivo central en 1994 e interrumpido por la Comunidad hace cinco años. La Cámara de la Propiedad, con casi un siglo de historia y 100.000 afiliados, es una especie de colegio profesional dedicado a prestar asesoría jurídica a los propietarios de inmuebles a cambio de una cuota anual, voluntaria desde 1990. Tras la liquidación, el patrimonio actual de la Cámara -un edificio en pleno centro y casi seis millones de euros en los bancos- pasará probablemente a manos del Ejecutivo madrileño.

En la Cámara de la Propiedad de Madrid, con sede en la céntrica plaza de San Martín, trabajan actualmente 57 personas: 20 abogados, cinco procuradores, dos arquitectos, un aparejador, un ingeniero industrial y un delineante, además de los ordenanzas, auxiliares administrativos y personal de limpieza. De ellos, sólo los que antes de 1990 tuvieran contrato fijo serán integrados en la Administración autonómica; el resto, aproximadamente una decena, se quedará en la calle tras la apertura del expediente de regulación de empleo correspondiente.

Ante el inminente cierre de la Cámara, la plantilla "está dividida". "Hay gente que se queda en la Comunidad y, bueno, lo lleva bien. Pero somos varios los que vamos a ir directamente al paro. No es justo", protesta uno de los letrados, que prefiere no dar su nombre. "El desacuerdo [con el decreto de liquidación] es casi absoluto", afirma, por su parte, Manuel Castañs, secretario general de la entidad. Castañs dice temer, además, por la situación en la que quedarán sus 100.000 afiliados, "gente mayor y humilde en su mayoría", que pagan entre 6 y 30 euros al año a cambio de asesoría jurídica.

El Gobierno regional, del PP, arguye, por el contrario, que la labor de la Cámara desde hace 13 años es "inviable", porque "ya casi nadie se afilia y muchos no pagan", y que eso ha convertido la entidad en "una institución que no funciona". Además, recuerda que casi todas las comunidades autónomas han iniciado o concluido ya la liquidación de sus cámaras desde que un decreto impulsara el proceso en 1994.

Lo que ocurrió hace 13 años, según el Gobierno, es que una sentencia del Tribunal Constitucional (TC) estableció que el pago de la cuota anual no era obligatorio. Hasta entonces, todo propietario de un inmueble, aunque no tuviera el mínimo interés en recibir asesoría jurídica, debía abonar religiosamente su anualidad a alguna de las cámaras repartidas por toda España. Tras un primer intento de suprimirlas aquel mismo año -frenado por el TC, que detectó defectos de forma en la ley-, el Ejecutivo central dictó sendos decretos en agosto y diciembre de 1994. En ellos, disponía la liquidación de las cámaras -calificadas como Corporaciones de Derecho Público- y establecía el régimen y destino de su patrimonio y personal. En 1995, las competencias en la materia pasaron a manos de la Comunidad de Madrid, pero en 1997 una ley estatal recogió, para aquellas comunidades "que no hubieran finalizado el proceso de liquidación de las cámaras", la posibilidad de "interrumpir el mismo".

Así lo hizo la Comunidad de Madrid un año después, con un decreto que acordaba "interrumpir el proceso de liquidación" y crear una Junta Gestora de la Cámara bajo la presidencia del Gobierno regional.

¿Por qué cinco años más tarde se ha decidido finiquitar la entidad? "En este tiempo se ha estado analizando la situación. Además, ha habido varios recursos contra los decretos de 1994, que no se han resuelto hasta el año pasado [y que han establecido que el proceso podía seguir adelante]. Finalmente, se ha visto que la Cámara de la Propiedad no funciona, que es inviable, porque desde que el Constitucional sentenció que las cuotas se habían estado cobrando como obligatorias cuando no debían serlo, casi nadie opta por afiliarse", explican fuentes de la Comunidad.

Patrimonio

"No entendemos bien las razones del Gobierno. Aunque es verdad que tenemos un problema de déficit, de unos 600.000 euros al año, porque hay demasiado personal [57 trabajadores]", admite Manuel Castañs. El patrimonio financiero de la Cámara de la Propiedad asciende, según su secretario general, a seis millones de euros, a los que hay que añadir el valor de la sede de la entidad, el edificio de la plaza de San Martín. "Todo eso pasará a manos de la Comunidad de Madrid", asegura Castañs.

Fuentes del Gobierno regional puntualizan que el volumen de patrimonio y el uso que se le dará "están todavía en estudio" por parte de la Comisión Liquidadora, creada este mes e integrada por representantes de varias consejerías. De hecho, el decreto del 13 de febrero establece que dicha comisión podrá "enajenar los bienes y derechos que resulte procedente" para cancelar "las obligaciones, cargas y gravámenes" a los que esté sujeta la Cámara. El decreto no fija plazos para la liquidación definitiva, aunque el proceso será "breve", según el Gobierno.