Una auditoría detectó en 2000 la existencia en RTVV de contratos que encubren blindajes

Arthur Andersen constató en 2000 que RTVV aplica cláusulas que esconden blindajes

Valencia - 21 feb 2003 - 00:00CET

Un acuerdo del Consell prohíbe desde 1992 que la Administración suscriba contratos blindados. Entonces se rescindieron todos los existentes. Los que firma actualmente José Vicente Villaescusa, director general de Ràdio Televisió Valenciana (RTVV), encubren un blindaje porque establecen una indemnización de 45 días por año trabajado -la ley no la contempla- y amplían la antigüedad para cobrar más allá de la firma del contrato. La auditora Arthur Andersen ya los detectó en 2000. El PSPV pidió ayer la dimisión de Villaescusa y de los directores Canal 9 y Ràdio Nou.

La fórmula que utiliza RTVV para establecer la relación laboral con los alrededor de 60 periodistas y directivos que componen el cuadro de dirección del ente choca con el objetivo de un acuerdo del Consell por el que en 1992 se prohibieron expresamente los contratos blindados. Entonces, según Miguel Mazón, miembro del consejo de administración de RTVV por el PSPV, "se rescindieron todos los que había, a pesar de la resistencia que ofrecieron Industria y RTVV". Según Mazón, los contratos de prestación de servicios que RTVV aplica a los directivos y por los que al finalizar el acuerdo se estipula una indemnización de 45 días por año trabajado y por más tiempo incluso del que realmente se ha desempeñado esa función "son contrarios al acuerdo del Consell", explicó ayer Mazón, quien calificó de "intolerable y delictiva" la gestión de Villaescusa.

La existencia de los contratos que encubren un blindaje ya fue consignada por la auditora Arthur Andersen en su informe del ejercicio 2000. Aquella auditoría señalaba: "Existen contratos con personal directivo que contemplan determinadas indemnizaciones para el momento en el que finalice la relación contractual".

Dolors López, también miembro del consejo de administración por el PSPV, pidió ayer la inmediata dimisión del director general de RTVV, José Vicente Villaescusa, y de los directores de Canal 9 y Ràdio Nou, Genoveva Reig y Anacleto Rodríguez, así como del equipo de recursos humanos. "Villaescusa ha mentido, indemniza a personas que tienen plaza fija en la empresa. Tiene que responder de ello ante las Cortes y el consejo de administración. Y habrá que estudiar si hay otras responsabilidades a depurar en los juzgados.", dijo.

También el comité de empresa reiteró ayer que la formula de Villaescusa es "completamente ilegal" Y aclaró que "excepto los directivos, ningún trabajador de RTVV, fijo o temporal, tiene incluida una cláusula contractual que indemnice al finalizar la relación laboral".

La polémica de los contratos blindados cogió ayer desprevenido al presidente de la Generalitat. Preguntado sobre ello en los pasillos de las Cortes, José Luis Olivas consideró los contratos con blindaje encubierto como una fórmula interesante y eficaz. "No les veo ningún tipo de problema", dijo. Tras evidenciar su desconocimiento matizó: "Se ajustan a la ley y al Estatuto de los Trabajadores".

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El proyecto de privatización de Canal 9 está pendiente de un informe técnico

José Luis Olivas, presidente de la Generalitat, explicó ayer que los trámites para la inminente privatización de la gestión de la RTVV, tal como anuncia el Consell que está prevista, "están prácticamente terminados". Sobre el pliego de condiciones, que anunció la consejera portavoz, Alicia de Miguel, para finales de enero o principios de febrero, Olivas aseguró que sólo está pendiente de "algún informe técnico". La intención del Consell es, según dijo José Luis Olivas, que la privatización se lleve adelante antes de que acabe esta legislatura. Sin embargo, como adelantó este periódico, tanto en el PP como en la Generalitat se descarta que vaya a producirse antes de junio.

El PSPV insistió ayer en su compromiso electoral de deshacer cualquier movimiento hacia la privatización de Canal 9, reiteró su apoyo a la plataforma por una televisión pública en valenciano y de calidad y denunció el estado de quiebra en el que se encuentra el ente, cuya deuda "estaremos pagando los valencianos dentro incluso de diez años", explicó Joaquim Puig.