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Los gobiernos vasco y central extienden su enfrentamiento a la recogida del fuel

Ambos ejecutivos se acusan de no compartir información y obstaculizarse mutuamente Los 'arrantzales' recibirán entre 100 y 130 euros diarios por no faenar y recoger fuel

El Ejecutivo vasco y el central han trasladado a la recogida del fuel vertido por el Prestige el clima de enfrentamiento global en que se desenvuelven sus relaciones. El consejero de Agricultura y Pesca, Gonzalo Sáenz de Samaniego, acusó ayer en duros términos al Gobierno estatal de no implicarse en la recogida del chapapote que impregna las aguas del Golfo de Vizcaya y mancha la mayoría del litoral vasco y, además, "poner obstáculos" para su localización y retirada por las autoridades autonómicas al limitar los vuelos de los dos helicópteros de la Ertzaintza y el avión contratado para esas tareas.

Con ello se eleva el tono de unas acusaciones que hasta ahora el portavoz del Ejecutivo autónomo, Josu Jon Imaz, se había limitado a apuntar, al quejarse repetidamente de falta de información y sugerir que la cantidad de fuel vertida al mar por el petrolero accidentado hace tres meses era mayor de la reconocida hasta esta semana por las autoridades estatales.

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Fuentes de la Subdelegación del Gobierno en Vizcaya, que se encarga en Euskadi de la coordinación de las tareas relacionadas con la marea negra, negaron estas acusaciones y precisaron que las limitaciones a los vuelos para avistar manchas y orientar a los pesqueros obedecen únicamente a las necesidades "obvias" de "racionalización", incluso por razones de seguridad, del uso de un espacio aéreo en el trabajan aparatos de la Armada, el Cuerpo Nacional de Policía y la Guardia Civil, además de los del Gobierno francés. Las mismas fuentes replicaron que es el Ejecutivo de Vitoria el que no comparte la información que obtiene gracias a esos vuelos.

Sáenz de Samaniego acusó además al Gobierno central de "incompetencia total" y de actuar "como el perro del hortelano" en la recogida del fuel. El consejero recalcó que la Administación central no sólo no ha retirado "ni una sola tonelada" de hidrocarburo en el Golfo de Vizcaya, sino que además obstaculiza al Ejecutivo vasco, por lo que exigió al central que deje de ser "un sujeto pasivo" y asuma su responsabilidad en la recogida.El consejero sostuvo que su Gobierno optó por sobrevolar la mar con sus propios aparatos ante los "partes incompletos e incorrectos" que se le facilitaban y que se ha encontrado con "manifiestos problemas" para hacerlo. Fuentes del Ejecutivo de Vitoria explicaron que las limitaciones se refieren a los espacios y la distancia de la costa a que pueden dirigirse sus aparatos y a las horas de permanencia en vuelo que se les permiten. Samaniego aprovechó para reclamar las transferencias de salvamento marítimo y lucha contra la contaminación en el mar.

Las fuentes consultadas en la Subdelegación en Vizcaya volvieron contra el Gobierno autónomo estas acusaciones sobre la deficiente información: "El Gobierno vasco recibe información inmediata de todos los avistamientos de manchas que realizamos, tanto nosotros, como los aparatos del Gobierno francés, mientras que el Ejecutivo autonómico sólo comunica y comparte sus resultados al final del día, cuando ya anochece y no se puede hacer nada", apuntaron.

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El consejero de Pesca anunció que mañana se publicará la norma que suspende la campaña del verdel hasta, al menos, el 15 de marzo y las compensaciones que recibirá la flota por este retraso. El Ejecutivo destinará a este cometido 4,5 millones, que se añaden a las cantidades ya gastadas en recogida de fuel y limpieza de playas y que reclamará a la Administración central. La suspensión supondrá dejar de pescar 5.000 toneladas de esa especie y afecta a 250 barcos y 2.000 tripulantes. Además, se verán perjudicados 500 trabajadores de empresas comercializadoras y otros tantos que operan en tierra, como rederos o personal de lonjas. Los pescadores recibirán durante ese mes entre 100 y 130 euros diarios en compensación por dejar de faenar y recoger el fuel.

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