¿De quién son los hijos de la señora?

Los policías cruzaron la puerta y entraron en el salón de la casa. La señora no daba crédito a lo que veía. "Queda usted detenida", dijo en forma escueta el comisario Carlos Sablich mientras exhibía una orden judicial. Todo sucedió la tarde del pasado 17 de diciembre en la localidad de Martínez, en la provincia de Buenos Aires, donde tiene su mansión Ernestina Herrera de Noble, directora y propietaria del diario Clarín, símbolo del poder periodístico en Argentina y en América Latina. Durante 66 horas la señora estuvo bajo arresto en la unidad policial de Delitos Complejos, después de ser fichada en el Departamento Central de la Policía, hasta que el juez autorizó la detención domiciliaria.

Ernestina Herrera de Noble no puede salir de Argentina, ni dejar su casa más de 24 horas

"En Felipe y en Marcela hay serias presunciones de que pueden ser los que buscamos"

Los presuntos delitos cometidos por la imputada se refieren a falsificación de documento público, falsedad ideológica, uso de documento público falso e inserción de datos falsos en un documento civil. Todos ellos tienen su origen en los trámites de la adopción de sus dos hijos, Marcela y Felipe, en 1976. El tribunal federal de San Martín levantó la orden de arresto domiciliario de Ernestina Herrera, que está a la espera de que el juez que decretó su detención, Roberto Marquevich, resuelva en los próximos días sobre su situación procesal. Mientras tanto, la libertad de la directora de Clarín es relativa, a la luz de las restricciones dictadas por el juez: no puede salir de su casa por más de 24 horas ni abandonar el país sin pedir autorización al juzgado y tiene que abstenerse de tomar bebidas alcohólicas.

El juez Marquevich, titular del juzgado federal número 1 de San Isidro es un viejo conocido de los medios de comunicación por la repercusión que han tenido algunas de sus decisiones. La de mayor relieve fue la detención y procesamiento del ex dictador Jorge Rafael Videla por apropiación y suplantación de identidad de bebés nacidos en los campos de concentración clandestinos del régimen militar. Nadie derramó una lágrima por el anciano general ni por ninguno de los apropiadores de bebés procesados por el juez en 14 causas. El robo de hijos de opositores a la dictadura es uno de los crímenes más aborrecibles de cuantos cometieron los militares.

Pero dictar una orden de detención contra la señora Ernestina Herrera, de 77 años, presidenta de uno de los mayores grupos multimedia de América Latina y viuda del abogado, legislador y periodista Roberto Noble, fundador del diario Clarín, son palabras mayores. Más aún si la detención está vinculada con una vieja denuncia de que sus dos hijos adoptivos, Felipe y Marcela, podrían ser hijos de detenidos-desaparecidos durante la última dictadura militar (1976-1983).

No hay duda de que se ha tocado un poderoso resorte de la estructura de poder en Argentina. A la vista está el alcance de la reacción corporativa, que incluye a empresarios, periodistas, políticos, sindicalistas, obispos y jueces. Con escasos matices han calificado de "abuso judicial" y "decisión arbitraria" la detención de la directora de Clarín, lo que no es sorprendente en un país donde el poder judicial está seriamente cuestionado por su demostrada falta de independencia. Hasta el presidente Eduardo Duhalde ha salido a la palestra para criticar indirectamente al juez. Marquevich no ha tardado en responder al jefe del Ejecutivo: "Me sorprende que un presidente de la República, que es un intruso del poder judicial, pueda sin conocimiento de un renglón de la causa decir que ha sido mal tratado el tema, lo que demuestra cómo está el país". En la ola de solidaridad con la señora Herrera llama la atención el hecho de que casi ningún comunicado entra a rebatir las causas de la detención y buena parte de ellos se dedican a descalificar al juez Marquevich, a quien identifican con capítulos oscuros y personajes turbios de la historia reciente argentina. El rotativo reflejó hasta los años setenta las ideas del movimiento desarrollista, auspiciadas por Arturo Frondizi y la Unión Cívica Radical (intransigente). Roberto Noble falleció en 1969 y la viuda heredó, no sin controversia, una fortuna y un poderoso medio de comunicación que se estaba convirtiendo en la principal referencia en Argentina. Desde entonces ocupa la dirección del diario, un cargo que en el caso de Clarín es más formal que ejecutivo.

En marzo de 1976, los militares tomaron el poder en un golpe que abrió un ciclo de terror. Aquel mismo año, según consta en el expediente judicial, Ernestina Herrera adoptó a dos niños, Marcela y Felipe. Veintiséis años después, el juez Marquevich desentierra una causa a raíz de la querella que presentó a comienzos de 2001 la asociación Abuelas de Plaza de Mayo. Alcira Ríos, abogada de Abuelas, explica que la asociación ha recibido desde 1985 "denuncias de que los hijos adoptivos de la señora Herrera de Noble eran hijos de desaparecidos, y que se los había dado el general Camps. Otras denuncias dicen que se los dio monseñor Plaza, que fue obispo de La Plata y colaboró activamente con la represión".

El voluminoso sumario en manos del juez Marquevich tiene dos partes claramente diferenciadas. La que se refiere "a los dos expedientes que fueron falsificados para obtener la inscripción en el registro y retener a estos chicos" y la que plantea el interrogante del origen familiar de los dos hijos adoptivos. "Nosotros siempre advertimos a los familiares que presentan una reclamación que hasta que no tengamos los resultados de los análisis no podemos saber que es el nieto", dice la abogada Ríos. "En los casos de Felipe y Marcela hay serias presunciones de que pueden ser los que buscamos".

El abogado de la directora de Clarín, Eduardo Padilla, reconoce que las Abuelas de Plaza de Mayo han pedido desde hace años los exámenes genéticos a los dos hijos adoptivos. "Se les dijo: '¿ustedes tienen elementos objetivos que hagan sospechar que estos chicos son hijos de desaparecidos? Tráiganoslos, vamos a analizarlos'. En aquella época los chicos eran menores, por lo tanto, era la señora quien iba a tomar la decisión. No llegó nunca a tomarla porque las Abuelas nunca vinieron con datos concretos. Las Abuelas cuando denuncian, denuncian en el aire. No han mostrado ningún dato". La realidad es que desde que Marcela y Felipe son mayores de edad se han negado repetidamente a los requerimientos de las abuelas y del juez a someterse a los análisis de sangre. Estela de Carlotto, presidenta de Abuelas de Plaza de Mayo, no cree que sea una actitud totalmente libre. "Creo que estos chicos están condicionados en su respuesta cuando dicen que sufren. Acá no hay duda de que están como esclavos".

Los abogados de una y otra parte están en las antípodas a la hora de evaluar la actuación del juez Marquevich. No podía ser de otro modo, en un caso donde se respira desconfianza entre unos y otros. "Siempre actuó impecablemente en el caso de niños, jóvenes, hijos de desaparecidos. No podemos opinar sobre otras causas", señala Alcira Ríos. El abogado de Clarín, Eduardo Padilla, replica que el juez ha condicionado sobremanera a los hijos a la hora de decidir sobre los análisis. "Ha indagado y ha metido presa a la señora, le ha dicho que él hubiese querido que estuviera detenida durante todo el proceso por falsificación de documentos públicos, y acá los procesos duran muchos años. ¿En qué circunstancias los hijos Marcela y Felipe deben tomar la decisión? No es una circunstancia de consulta amigable". Añade el abogado: "Antes de la denuncia penal, si a los chicos se les hubiese planteado realizar el ADN quizá habrían dicho sí. Pero las Abuelas, por ejemplo, dijeron que el doctor Marquevich las invitó a presentarse en el expediente. Ellas se presentan invitadas por el juez. ¿Cree que ese expediente me da tranquilidad? El juez, que debe ser imparcial, invita a una parte como querellante".