La izquierda plantea una reforma de la ley catalana de cajas para evitar el intervencionismo y la privatización

El Parlamento catalán debate hoy tres propuestas de los grupos de izquierda para reformar la ley catalana de cajas de ahorros con las que la oposición persigue poner en evidencia al Gobierno de Convergència i Unió (CiU), al que acusan de haber maniobrado para intervenir en la composición de los órganos directivos de las cajas, de no defender sus competencias legislativas en esta materia y de no oponerse a la privatización.

Las tres propuestas son, sin embargo, bastante distintas. La de los socialistas propone sólo la adición de cuatro breves artículos para que las cajas se doten de unos códigos de buena conducta y para dejar en manos de las propias cajas, mediante sus estatutos, la fijación de un límite de edad para ejercer como consejeros. En caso de ausencia de regulación interna, la propuesta socialista es que este límite de edad quede automáticamente fijado en 77 años.

Este es un asunto en el que el PSC decidió formular su propuestas alternativa, según explicó el diputado Martí Carnicer, sólo porque la Ley Financiera aprobada en noviembre por las Cortes limitó a 70 años la edad para ser consejero de las cajas de ahorros, salvo que las comunidades autónomas con competencias sobre esta materia legislaran otra cosa. "Lo que hemos pretendido es ejercer esa competencia", dijo Carnicer.

El Gobierno catalán ha endurecido las limitaciones al establecer que no podrán seguir en el consejo quienes hayan acumulado 20 años como consejeros o directores generales. Esta medida afecta al presidente de La Caixa, Josep Vilarasau.

La propuesta de reforma planteada por el grupo de Esquerra Republicana es mucho más amplia. No aborda la cuestión del límite de edad para los consejeros, pero sí propone limitar sus mandatos a un periodo de cuatro años ampliables sólo una vez.

Los republicanos proponen también obligar por ley a las cajas de ahorros a destinar a inversiones en Cataluña "un porcentaje razonable" de los recursos captados en territorio catalán. Proponen también que el Parlament establezca anualmente las prioridades a las que deberían destinarse los excedentes que las cajas dedican a obra benéfico-social.

El diputado republicano Josep Huguet destaca también en la propuesta de su grupo la pretensión de obligar a las cajas de ahorros con sede central fuera de Cataluña a destinar un porcentaje de su obra social a proyectos en Cataluña en proporción a los recursos captados en ella.

Los grupos parlamentarios de Iniciativa per Catalunya Verds (ICV) y de ERC coinciden en plantear alternativas para evitar que el establecimiento de las cuotas participativas desemboque en la privatización de las cajas de ahorros.

Las cuotas participativas son, en opinión del diputado de ICV José Luis López Bulla, un primer paso para la entrada de capitalistas privados en unas entidades de carácter social por su fundación. "Nosotros queremos que se mantenga este carácter social y evitar que las cajas de ahorros se conviertan en bancos convencionales", afirmó.

Los tres grupos de la izquierda son conscientes de las escasas posibilidades de sus propuestas. Su interés principal es, ahora, forzar un debate que a su juicio CiU ha querido escamotear.