El palacio de Boadilla, en los tribunales

El PSOE de Boadilla del Monte ha decidido acudir a la justicia para impedir que el palacio del Infante Don Luis de Borbón pase al Ministerio de Defensa durante, al menos, 50 años para instalar en él la Escuela Ecuestre Militar.

Además de reunir 5.000 firmas y convocar una manifestación para el próximo 15 de diciembre, los socialistas han interpuesto un recurso ante el Tribunal Superior de Justicia contra el acuerdo del pleno del Ayuntamiento del pasado 31 de octubre por el que se aprobó el convenio de colaboración entre el Ministerio de Defensa y el municipio.

Piensan que el Ayuntamiento "regala" a Defensa más de 70.000 metros cuadrados de suelo público que el Consistorio compró en 1999 por un valor de 12 millones de euros. Además, temen que, debido a los términos en los que está escrito el contrato de colaboración, la cesión será por el máximo permitido por la ley: 99 años. "Ello se deduce de que se indica un número mínimo de años (50) y no un máximo", explican.

El ministerio quiere abrir una escuela ecuestre militar en los jardines del edificio

Por otra parte se preguntan qué tiene que ver una escuela de equitación con los usos culturales que se pretendía dar al palacio cuando se expropió. Entonces se hablaba de la creación de un centro cultural de alcance comunitario, estatal e internacional que realzara el palacio y el municipio de Boadilla en su conjunto.

El Ayuntamiento pretendía en ese momento alcanzar un convenio con las consejerías de Educación y Cultura de la Comunidad de Madrid para ubicar en el edificio un centro de formación de funcionarios europeos de cultura y comunicación. "Y de ahí hemos pasado a la escuela de equitación", afirma Carmen Gómez, portavoz del grupo socialista en Boadilla. "Defensa vende sus terrenos en la zona de Campamento para construir viviendas y ahora utiliza los terrenos de los boadillenses, de forma gratuita, para sus actividades", recalcan los socialistas.

Para el Ayuntamiento, la operación es muy ventajosa, porque en los terrenos que ahora están abandonados se instalará una escuela de equitación a la que tendrán acceso los vecinos. El alcalde, Arturo González Panero, del PP, asegura a los opositores a este proyecto, que no se cede el edificio, y que la parte que se va a ocupar está totalmente abandonada y sin ningún uso.

Pero la Asociación Amigos del Palacio, que también lucha contra el proyecto, duda de las palabras del primer edil y le recuerda que en la estipulación segunda del convenio aparece que "el Ministerio de Defensa podrá hacer uso de las instalaciones necesarias, según acuerde en cada caso la Comisión de Seguimiento, dentro del palacio del Infante sin coste alguno y cuando éste se encuentre rehabilitado".

¿Lo podrá utilizar el pueblo de Boadilla o su uso va a quedar restringido?, se preguntan desde la asociación. Sus dudas se deben a que el convenio especifica que en las instalaciones se llevarán actividades relacionadas de un modo "directo y único" con las Fuerzas Armadas.

En el contrato se estipula que se regulará el acceso público de los vecinos a las instalaciones, pero "siempre que no afecten a la seguridad militar de la escuela".

Por otra parte, se reprocha al Ayuntamiento que no se haya establecido ningún canon por la utilización del espacio cedido y, además, que no se invierta ni un euro en la remodelación del palacio. "Defensa sólo abonará el dinero que cueste construir las infraestructuras", denuncian los socialistas.

El ministerio tiene planeado invertir más de nueve millones de euros en el proyecto, que prevé la construcción de una escuela de equitación con dos pistas de arena, una de hierba y otra de galope. Además, habrá pistas de doma y de ensayo, caballerizas, una escuela de equitación, cuadras y cría caballar, entre otras actividades.

Por otra parte, el PSOE denuncia ante el tribunal que el alcalde convocó un pleno por razones de urgencia para aprobar el convenio de cesión sin haber convocado previamente una comisión informativa con los grupos municipales. "Va contra la ley, porque por urgencia se pueden incluir asuntos en el orden del día, pero no adoptarse acuerdos sobre estas cuestiones sin que el pleno ratifique su inclusión", afirman.

El palacio, construido en 1763 por Ventura Rodríguez y declarado Bien de Interés Cultural, pasó a manos municipales tras el pago de 12 millones de euros, que el municipio abonó en efectivo y en terrenos para construir viviendas.

Incluso para acabar de saldar las deudas con el antiguo propietario, el Ayuntamiento instó una modificación puntual de la tercera fase del Olivar de Mirabal. Donde en un principio sólo se podían construir 179 chalés se pasó a permitir 649 viviendas en pisos. Y todo ello con un informe desfavorable de la Consejería de Medio Ambiente de la Comunidad de Madrid, donde se especificaba que para evitar un incremento de la edificabilidad "podrían haber sido estudiadas otras alternativas más convenientes".