Los seropositivos exigen al Gobierno medidas para su integración laboral y social

La medicación no basta. Los 125.000 portadores del VIH que viven en España, según el Ministerio de Sanidad (más de 200.000 de acuerdo con los afectados) no se conforman con seguir vivos. Piden que acabe la discriminación laboral y social que padecen. Para luchar por sus derechos han unido sus fuerzas: más de 60 ONG de afectados constituyeron el pasado 17 de noviembre la Coordinadora Estatal de VIH/SIDA. Exigen facilidades para trabajar, terapias "más humanas" y planes específicos para los grupos más afectados (mujeres, prostitutas, homosexuales, drogadictos y presidiarios).

"Hace 21 años que padecemos los mismos problemas. Persiste el estigma de la exclusión, y no estamos dispuestos a aguantar más", afirma la presidenta de la coordinadora, María José Fuster. Por eso, la primera reivindicación que presentaron ayer, en el marco de los actos del 1 de diciembre, Día Mundial contra el Sida, es "el derecho a la visibilidad". La presión que se ejerce sobre los seropositivos "les impide normalizar sus vidas", afirman. Ello les lleva a ocultarse, más como medida de "autoprotección" que para guardar su intimidad, explican.

Esta preocupación coincide con el lema de la agencia de la ONU contra el sida (Onusida) para su campaña: Vive y deja vivir. En el mundo, donde viven 42 millones de seropositivos, el estigma les lleva a perder trabajos y viviendas, limita su acceso a los medicamentos e impide que tomen medidas de precaución para evitar que se propague el virus, expone la ONU.

Sin dinero para mujeres

En España también se dan situaciones parecidas, denuncian los afectados. Las mujeres suman a su vulnerabilidad física ante el virus la discriminación social. En España suponen ya la cuarta parte de los seropositivos, sin que la Dirección General de la Mujer haya financiado ningún programa de los presentados por las organizaciones de lucha contra el sida, afirma la coordinadora.

Otro de los grupos más afectados, el de los drogodependientes, se enfrenta a actitudes de la sociedad y de las administraciones que "dificultan enormemente" su "incorporación psicosocial". Entre las carencias que destaca la coordinadora figuran lugares higiénicos para inyectarse, las listas de espera para acceder a programas de metadona y la falta de servicios de intercambios de jeringuillas. Este último aspecto perjudica especialmente a los seropositivos reclusos. De las 52 prisiones estatales, sólo 32 facilitan material de inyección seguro.

La coordinadora de ONG también critica que faltan programas específicos de prevención e inserción para jóvenes gays (uno de los más amenazados y de más difícil acceso por la homofobia que sufren) ni para prostitutas.

En el lado opuesto, la coordinadora se ha estrenado con una buena noticia. Una semana después de su constitución, el Ministerio de Asuntos Sociales y la Mesa Estatal de Minusvalías firmaron un acuerdo para modificar los criterios que permiten acceder a pensiones asistenciales (la única ayuda económica para muchos seropositivos sin trabajo, y que se enfrentan al recelo de los empresarios para contratarlos). Entre los cambios pactados están que la valoración tenga especial atención con las características sociales y psicológicas de los demandantes, y considerar que la coinfección VIH-hepatitis C sea suficiente para conceder un 33% de discapacidad (el límite a partir del cual se puede acceder a las ayudas). Esto es especialmente importante porque la hepatitis C es ya la primera causa de muerte entre los seropositivos, y el 90% de los portadores del VIH por compartir jeringuillas tiene también el virus de la hepatitis C, según un estudio presentado ayer en el hospital Carlos III de Madrid.