Visado anti-inmigrante

España está negociando con la Comisión Europea la incorporación de Ecuador a la lista de los 132 países cuyos ciudadanos necesitan visado para entrar en el territorio de la UE. El motivo alegado ante las autoridades de Bruselas es la llegada masiva de nacionales del país andino a Madrid y a otras ciudades europeas como turistas que engrosan la masa de inmigrantes irregulares. A diferencia del caso de Colombia, en el que la Comisión Europea tomó la iniciativa de implantar el visado por la cuestión del narcotráfico, en el caso de Ecuador la idea ha partido de España.

¿Qué ha ocurrido para que el Gobierno español dé tal paso en una materia tan sensible como la política de relaciones con Latinoamérica y eche mano del visado para frenar la avalancha de inmigrantes irregulares procedentes de Ecuador? Ha ocurrido que su política de inmigración con aquel país ha resultado ser un fiasco, incluido el convenio bilateral firmado en febrero de 2001 por el entonces ministro del Interior, Jaime Mayor Oreja, con el compromiso de contratar en origen a 30.000 ecuatorianos cada año. De los contratos prometidos sólo se han materializado 80 en 2002, por lo que no tiene nada de extraño que sus posibles beneficiarios intenten entrar camuflados de turistas de la mano de mafias y de agencias interesadas. A ello se añade el efecto llamada que, sin duda, ha tenido en Ecuador el rocambolesco episodio del viaje gratuito de ida y vuelta propuesto para regularizar a las decenas de imigrantes ecuatorianos que se encontraban en España al entrar en vigor la actual Ley de Extranjería.

Aznar habló de una "inmigración legal y ordenada" como modelo a seguir por el Gobierno en materia de extranjería. La exigencia de visado supone reconocer paladinamente que ese modelo ha fracasado incluso con el colectivo de inmigrantes preferido por el Gobierno, al que ha dejado prácticamente fuera del contingente de trabajadores extranjeros autorizado en 2002. La Ley de Extranjería y su reglamento exigen que los presuntos turistas de los países no comunitarios lleguen con el billete de vuelta pagado y acrediten disponer de medios para su estancia. Muchos de los 250 ecuatorianos que, como media, desembarcan cada día en el aeropuerto de Barajas pasan los controles fronterizos sin cumplir tales requisitos. Parece que el Gobierno recurre al visado como alternativa extrema a una Ley de Extranjería que no funciona y que se revela incapaz de gestionar el acceso regular de los inmigrantes al mercado laboral español.