La factura del lino
La reclamación a España, por parte de la Comisión Europea, de 99,2 millones de euros a cuenta del fraude en las ayudas al cultivo del lino ha suscitado de inmediato el problema de quién va a pagar la factura. El Gobierno, que no ha digerido aún la comisión de investigación que creó el Congreso a petición de los socialistas sobre la red de cazaprimas instalada en el Ministerio de Agricultura, se ha apresurado a pasar la cuenta a las comunidades autónomas afectadas, especialmente a la de Castilla-La Mancha, que denunció el fraude. El presidente de esta comunidad, José Bono, ha calificado de 'cínico' que se quiera culpar precisamente a quien denunció el fraude y ha señalado que deben pagar 'quienes lo organizaron'.
Lo lógico es que el Gobierno español agote todas las vías, desde la conciliatoria hasta la judicial, para evitar que paguen justos por pecadores y haya que devolver el monto de las subvenciones, sin distinguir entre las bien percibidas y las fraudulentas. La Comisión de Bruselas no debería hacer oídos sordos a una petición tan razonable como la de devolver sólo lo que se consiguió con trampas, aunque es posible que sea una parte sustancial de todas las subvenciones concedidas. Así se desprende del sumario abierto en la Audiencia Nacional contra 42 directivos de empresas transformadoras -entre ellos, un antiguo alto cargo de Agricultura- y en el que se ha llegado a cuantificar el fraude en unos 60 millones de euros. Si la justicia llegara a probar la culpabilidad de estas empresas, a las que se acusa de haber inflado artificialmente su capacidad de transformación para lograr mayores ayudas, se habría avanzado mucho en la identificación de los verdaderos 'deudores' de la Comisión Europea por el fraude del lino.
Pero, de momento, es el Gobierno, y no las comunidades autónomas o grupos de agricultores, el que debe responsabilizarse de la reclamación de Bruselas. Pues ha sido sólo al Gobierno a quien la Comisión pidió en su día explicaciones por el fraude y ha comunicado ahora la propuesta de sanción, a falta de ser confirmada por el colegio de comisarios. Aunque en este asunto las comunidades autónomas tienen también su parte de responsabilidad, el Ejecutivo la tiene por partida doble. No coordinó como corresponde los controles de las ayudas europeas al lino, papel desempeñado por el Fondo Español de Garantía Agraria, a cuyo frente estaba el subsecretario de Agricultura cuando estalló el escándalo, y no quiso ver que un foco del fraude se hallaba incrustado en su propio ministerio.
