Los pisos protegidos no podrán venderse libremente tras 20 años

Las viviendas de protección oficial no se podrán vender de ninguna forma en el mercado libre, según la nueva normativa que prepara el Gobierno. La medida entrará en vigor a partir de 2003 -afectará a los pisos protegidos que se cataloguen como tales desde el 1 de enero de ese año- y suprimirá la posibilidad actual de vender libremente tras un plazo de 20 años. A los propietarios de viviendas protegidas con una antigüedad de entre 15 y 40 años se ofrecerá la posibilidad de venderlas al Gobierno con un 15% de alza respecto al precio vigente. El objetivo es promover la rotación de los pisos.

Las medidas, anunciadas por el consejero de Vivienda y Asuntos Sociales, Javier Madrazo, formarán parte del Plan Director de Vivienda 2002-2005 que será aprobado próximamente por el Gobierno vasco. La calificación indefinida de las viviendas de protección oficial (VPO) -persistirá durante todo el tiempo de vida del inmueble- persigue combatir el fraude en la transmisión de estos pisos y evitar la obtención de plusvalías. 'Se desincentiva a quien se mete en una vivienda de protección con la intención de obtener plusvalía', explicó Madrazo. El consejero dijo que la entrada en el mercado libre después de 20 años, como establece la normativa actual, elimina el fin social de las viviendas protegidas. 'No es lógico que una VPO se compre por 13 millones de pesetas y luego se pueda vender como vivienda libre por 33'. Será una actuación inédita, puesto que en la mayoría de las comunidades se establece el plazo de 15 años para poder entrar en el mercado libre, que se reduce a 12 años en el caso de Navarra.

La medida no tendrá carácter retroactivo, de forma que las viviendas construidas desde los 80 y las que estén a punto de empezar a edificarse mantendrán la opción de quedar liberalizadas a los 20 años. 'Será para aquéllas que obtengan a partir del 1 de enero de 2003 la calificación provisional [el requisito previo al inicio de las obras]' de vivienda de protección, señaló el viceconsejero de Vivienda Javier Dean.

Pequeña plusvalía

Junto a esta iniciativa, la consejería de Madrazo introducirá un factor corrector para propiciar la rotación de estos inmuebles, así como su cuidado y la ejecución de mejoras. Se trata de que los propietarios de casas de entre 15 y 40 años de antigüedad puedan venderlas por un precio superior en un 15% al vigente en cada momento. Ahora, si el dueño de un piso protegido quiere desprenderse de él antes de los 20 años, tiene que venderlo al Gobierno por un precio estipulado; en Bilbao se sitúa actualmente en 1.081 euros el metro cuadrado.

La nueva normativa incluirá la adquisición directa por el Departamento de Vivienda de los pisos que se quieren vender. Ahora el interesado tiene que comunicar la oferta de otro particular y ante ello el Ejecutivo utiliza el derecho de tanteo y retracto, que permite a la Administración adquirir el inmueble al precio tasado. 'Así se evitará al vendedor la búsqueda de un posible comprador. Todas las viviendas protegidas que se quieren vender las comprará el Gobierno', precisó Javier Madrazo.

A estos cambios se añadirán actuaciones para facilitar el cambio de pisos de protección entre familias en situación de 'extrema necesidad por falta de espacio y de recursos económicos'. Madrazo no anticipó las actuaciones concretas en este sentido, pero detalló el objetivo de 'propiciar que una persona con una VPO pueda acudir a otro sorteo si acredita la necesidad'. Vivienda establecerá un baremo de metros cuadrados mínimos habitables por persona, que ahora no existe.

Javier Dean señaló que también se prepara un registro de todas las viviendas protegidas existentes en Euskadi, puesto que, según admitió, el Gobierno desconoce el parque actual.

El nuevo equipo del Departamento de Vivienda ya ha adoptado otras medidas para evitar fraudes. Cerró un acuerdo con los registradores de la propiedad para disponer de datos sobre las transmisiones del suelo con mayor rapidez y desde este verano se han intensificado los controles de información para los solicitantes de pisos protegidos. Entre otras medidas, se comprueban con mayor rigor los ingresos declarados, en coordinación con las haciendas forales, así como las ventas de los pisos, y se realizan inspecciones en los que se adjudican para evitar que estén desocupados. Tan solo desde el mes de julio se ha excluido a más de 13.000 solicitantes.