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El juez rechaza la petición fiscal y evita que Matas declare como imputado en el Supremo

El instructor del 'caso Formentera' no ve indicios de delito en la actuación del ministro

Antonio Monserrat Quintana, juez de Baleares que instruye el caso Formentera (la supuesta captación de votos promovida desde el Gobierno balear que presidió el hoy ministro Jaume Matas), ha desatendido la petición del fiscal jefe de Baleares para remitir el caso al Supremo por afectar a dos aforados, Matas y Rosa Estarás, ex consejera balear y ahora diputada nacional. El juez denuncia en su auto a los medios de comunicación por manipulación política del caso y descalifica la propuesta del fiscal. El ministro de Medio Ambiente recibió con alegría la decisión: 'Todas las campañas de calumnias, insultos y estrategias políticas, al final, se vuelven en contra y no sirven para nada'.

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La supuesta captación ilegal de votos se llevó a cabo entre residentes ausentes que vivían en Santa Fe y Rosario (Argentina), de los que 90 pidieron votar en Formentera. El 90% de los votos (81 sufragios) fueron a una agrupación electoral vinculada al PP. Pese a ello, el único escaño que se disputada en Formentera fue para la izquierda balear y el Gobierno, por tres escaños de diferencia, fue presidido por el socialista Francesc Antich tras un pacto con otros partidos.

El juez opina en su auto que 'no cabe la menor duda' de que el caso Formentera, 'desde un principio, está sometido a una tremenda campaña mediática, de alcance nacional, que claramente da por sentada la culpabilidad de los imputados -y de los que se pretende imputar ante el Tribunal Supremo-'. Existe, concluye, 'un juicio paralelo que dificulta gravemente la labor judicial y conculca la presunción de inocencia de quienes se ven sometidos a tamaños ataques'.

Los informes de dos colaboradores del Gobierno balear sobre la captación de votos en Suramérica a favor del PP, una de las principales pruebas de la acusación, fueron robados y, además, los supuestos autores de los textos han negado su autoría, argumenta el juez. Hay suficientes testimonios aportados a la causa que convierten en increíbles, según el juez, las observaciones de los informes.

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El juez también desmonta una reunión entre el entonces presidente balear, Jaume Matas, dos de sus consejeros, Rosa Estarás y Juan José Cardona, y Mari Pau Segura, contratada supuestamente para la captación de votos en Suramérica. 'Todos los funcionarios que formaban parte del entorno inmediato del presidente Matas corroboran que era perfectamente normal que los consejeros acudieran acompañados de personas no pertenecientes al Gobierno, y es perfectamente superfluo que lo hayan dicho porque es algo que está totalmente de acuerdo con la más conocida rutina diaria', esgrime el juez.

Un organigrama dibujado por el propio Matas sobre la estrategia para captar votos es también descalificado como prueba: 'El organigrama se produce en términos tan esquemáticos e inconexos que resulta imposible sacar, con tan escasos materiales, las consecuencias que se pretenden para probar la denunciada trama electoral'.

Respecto a la agenda del presidente Matas, incluida en el archivo informático de su secretaria, revelado a raíz de la investigación judicial, ya archivada, sobre el supuesto espionaje electrónico a los socialistas, el juez la considera así: 'Especialmente repugnante al sentido jurídico y ético resulta la utilización bastarda de dichos documentos para pisotear intimidades, violar secreto de comunicaciones privadas y hasta sacar argumentos contra el mismo instructor en la desbaratada operación de recusación'. El juez rechaza la petición fiscal para inhibirse en favor del Supremo, que debería interrogar a Matas, porque 'nadie de todos los que han declarado incrimina' al ministro y porque la promoción comercial de las Casas de Baleares en el extranjero, como hizo Matas, no supone nada 'ilegal ni amoral'. Y concluye: 'El fin pretendido de la solicitud de imputación es totalmente desproporcionado en cuanto a lo que se conseguiría, más bien poco si se compara con el efecto pretendido por los orquestadores del juicio paralelo, el alcance mediático de una solicitud de imputación al ministro'.

La abogada de la acusación particular, Ascensión Joaniquet, aseguró ayer a la agencia Europa Press que la intención es recurrir la decisión del juez. 'No me lo esperaba', indicó. El secretario de Organización de PSM, Joan Antoni Sabas, coalición personada como acusación particular, afirmó que la decisión del instructor 'va muy en su línea', ya que, a su juicio, durante el proceso se han 'tomado decisiones favorables a los imputados'.

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