Bruselas archiva una investigación sobre los controles en el puesto fronterizo de Gibraltar

La UE está decidida a hacer lo que esté en su mano para apoyar la negociación entre Londres y Madrid sobre Gibraltar. Tras la referencia explícita en las conclusiones de la cumbre de Barcelona y el plan para dedicar fondos europeos a programas que beneficien a ambos lados de la verja, la Comisión Europea anunció ayer que cerrará sin consecuencias una investigación contra España por los controles supuestamente 'desproporcionados' en el puesto fronterizo con el Peñón. Madrid anunció poco después que mañana habilitará un carril más para agilizar esos controles.

El Ejecutivo comunitario cerrará la investigación 'al no haber hallado pruebas que sustenten legalmente las quejas' de que los controles de viajeros y mercancías en el paso de La Línea de la Concepción 'son desproporcionados y, por ende, incompatibles con el derecho comunitario'. La historia comenzó en verano de 2000, cuando la Comisión recibió avalanchas de denuncias de personas de todas las nacionalidades europeas, la mayoría turistas molestos porque, en su opinión, España no respetaba el principio comunitario de la libre circulación de personas por el territorio de la Unión Europea.

En Bruselas llegaron a recibirse 20.000 denuncias, casi todas con textos idénticos. Una organización, supuestamente creada en Gibraltar, se dedicaba a repartir fotocopias con la denuncia entre los miles de turistas o trabajadores que a diario soportaban largas colas.

El 30 de octubre de 2000, el Ejecutivo comunitario pidió explicaciones a Madrid. Bruselas no cuestionó el derecho de las autoridades españolas a establecer controles, puesto que Gibraltar no se beneficia de las normas del Acuerdo de Shengen por el que desaparecieron las fronteras en la mayoría de los Estados de la Unión. Lo que sí cuestionó fue la supuesta 'desproporción' de esos controles.

Dos meses después, Madrid respondió a Bruselas que los controles eran 'necesarios y proporcionados', porque se limitaban a pedir pasaportes o documentos de identidad y a registrar uno de cada diez vehículos con mercancías. Según Madrid, estos controles duraban una media de un minuto. La Comisión señaló ayer que cada minuto cruzan el puesto una media de ocho vehículos y 20 peatones en cada dirección. El Gobierno español reconoció que 'en ciertos momentos del día' hay grandes colas de vehículos. Ahora, la Comisión cree que 'no se está infringiendo el derecho comunitario' porque, aunque se formen colas en horas punta, 'no es motivo legal suficiente para acusar a las autoridades españolas'.

Fuentes oficiales de la Comisión señalaron que su anuncio es un 'gesto político' más para evitar cualquier contratiempo en las negociaciones sobre Gibraltar. Sólo unos minutos después llegó la respuesta del Gobierno español al anunciar a su vez que, a petición de Londres, a partir de la medianoche del jueves se habilitará un carril adicional en la vía de entrada hacia La Línea de la Concepción. La Oficina de Información Diplomática (OID) destacó en un comunicado que la iniciativa se adopta 'teniendo muy especialmente en cuenta la confianza mutua y el espíritu positivo' que hay entre los Gobiernos británico y español 'para llegar a un acuerdo global sobre las cuestiones pendientes'.

La OID advierte de que esa iniciativa se adoptará 'sin alterar el cumplimiento por parte de las autoridades españolas de las obligaciones de control que le impone la normativa europea en dicho punto de entrada al espacio Schengen'. Es decir, que seguirá habiendo controles de pasajeros sean o no comunitarios, teniendo en cuenta además que el Reino Unido no ha suscrito el acuerdo de Schengen. Pero Madrid deja aún más abierta la puerta al precisar en el comunicado de la OID que el Gobierno confía en que 'las circunstancias permitan que esta medida se consolide y constituya un factor de mayor acercamiento entre las poblaciones de Gibraltar y del Campo de Gibraltar'.

Dentro del cúmulo de noticias favorables al pacto hispano-británico, la OCDE anunció el pasado día 14 que está dispuesta a sacar a Gibraltar de la 'lista negra' de paraísos fiscales si se adapta a la normativa de la UE como ha prometido el ministro principal de Gibraltar, Peter Caruana.