Los jueces tendrán seis meses para archivar las causas contra insumisos

Los juzgados y tribunales tendrán un plazo de seis meses para revisar de oficio o a instancia de parte, previa audiencia del fiscal, las sentencias condenatorias firmes contra insumisos. Así lo dispone el proyecto de ley orgánica enviado a las Cortes que modifica el Código Penal ordinario y el militar para suprimir los delitos de negativa a cumplir la mili o la prestación social sustitutoria, así como la deserción cometida por soldados de reemplazo.

El Gobierno ha fijado este plazo en el texto remitido al Congreso, siguiendo la recomendación del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), ya que el proyecto original no daba ninguno. También por recomendación del Poder Judicial, el texto ordena cancelar de oficio los antecedentes penales derivados de dichos delitos. Los procedimientos en curso serán sobreseídos y archivados.

El Gobierno ha solicitado a las Cortes que el proyecto de ley se tramite por el procedimiento de urgencia, lo que reduce los plazos a la mitad, alegando 'razones evidentes'. Siete insumisos continúan en prisión, cinco de ellos en tercer grado y dos en régimen cerrado. Unos 4.000 jóvenes se encuentran pendientes de juicio (el último de ellos fue juzgado en Valladolid el pasado 20 de febrero) y varios miles más de insumisos están inhabilitados para obtener becas o acceder a empleos públicos.

Por otra parte, el secretario general de las Juventudes Socialistas, Herick M. Campos, y la diputada del PSOE María del Carmen Sánchez entregaron ayer en el registro del Ministerio de Defensa un informe elaborado por la organización juvenil muy crítico con el proceso de profesionalización de las Fuerzas Armadas.

Campos denunció la 'precariedad laboral' y el escaso sueldo de los soldados profesionales y responsabilizó a las campañas publicitarias de generar 'frustración' al ofrecer un producto que no existe, informa Efe.

El pleno del Congreso debatirá hoy las enmiendas a la totalidad presentadas por el PSOE, Izquierda Unida, Esquerra Republicana de Catalunya e Iniciativa per Catalunya al proyecto de ley que permite la incorporación de extranjeros a las Fuerzas Armadas, aunque con fuertes limitaciones, que los partidos citados consideran discriminatorias.