Las cuentas de las empresas
La agitación política y económica provocada en Estados Unidos por el caso Enron apenas ha levantado reacciones oficiales en España. No será porque no existan razones para debatir aquí, con casi tanta virulencia como allí, cuestiones tan enconadas como el límite de responsabilidad que cabe atribuir a las sociedades auditoras en la información que se traslada a los inversores, la separación entre los negocios de auditoría y consultoría o cómo debe regularse la profesión de auditor, si en un régimen de autocontrol o a través de un organismo público que garantice la limpieza y eficacia del proceso de auditoría.
Parecerá mentira, pero mucho antes de que las trapacerías de los directivos de Enron escandalizaran a los inversores estadounidenses en España se había suscitado un debate sobre las mismas cuestiones y vivido una gran agitación entre las fuerzas vivas de la economía a cuenta de la actividad de las auditoras. Sucedió a comienzos de la década de los noventa, a cuenta de las quiebras de Torras, vaciada diligentemente por Javier de la Rosa, o la intervención de Banesto y de su corporación industrial.
El proyecto de ley de auditoría duerme en algún cajón de Economía a la espera de que las corporaciones se pongan de acuerdo
El objeto de aquellos debates olvidados era determinar si tenía sentido mantener costosísimos sistemas de control de las empresas si los accionistas -principales afectados por la gestión fraudulenta de los directivos de la institución- y los inversores no tenían garantizada la exactitud de las cuentas y corrían el riesgo de tomar decisiones fundadas en cifras erróneas. El Gobierno entonces se limitó a aplicar la ley -lo que no es poco-, sancionó a las firmas de auditoría que no habían detectado las irregularidades y encauzó como pudo el debate, aunque, eso sí, no llegó a conclusiones definitivas, ni siquiera aproximadas.
Entonces, en 1994, las posiciones estaban fijadas de forma tajante. El Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas (ICAC), el organismo dependiente del Ministerio de Economía encargado de regular la actividad contable y auditora, sostenía que existía una responsabilidad cierta de las sociedades auditoras en los escándalos de Torras y Banesto (entre otros), y no por la comisión de infracciones o delitos cometidos en el grupo financiero y en el banco, sino por el incumplimiento específico de algunas normas de vigilancia contable que, de haberse aplicado, quizá hubieran alertado sobre la delicada situación financiera de los grupos damnificados, y pretendía corregir las leyes de Auditoría y de Sociedades Anónimas para aumentar las responsabilidades de las auditoras en casos de delito societario no detectado.
Las empresas de auditoría tenían una visión bien distinta. Sostenían que la principal responsabilidad de las villanías contables de Banesto o Torras eran imputables a sus gestores; que no cabía ampliación de la responsabilidad de las compañías de vigilancia contable. Sostenían además el principio de autorregulación a través de los colegios profesionales y rechazaban, con mayor o menor virulencia, el papel de regulación que ejercía el instituto.
No se sabe hoy cómo acabará la agitada controversia actual sobre estas cuestiones que vive la sociedad americana. ¿Quizá con una separación tajante entre consultoría y auditoría y reglas de control más estrictas? Es probable. Lo que sí se sabe es que a partir de 1996 el Gobierno español silenció este debate, suscitado mucho antes que el estadounidense, y cercenó cualquier iniciativa para resolver las evidentes lagunas legales de la auditoría en España. Se sabe también que el Ministerio de Economía -a través de la subsecretaría- presionó al ICAC para retrasar o suprimir la publicidad de las sanciones impuestas a las firmas auditoras, y que desde entonces no se tienen noticias ciertas de que Rodrigo Rato y su equipo tengan ideas definidas sobre cómo debe ser la reforma del mercado de auditoría y con que instrumentos legales concretos se va a evitar la desconfianza de los inversores hacia los informes profesionales sobre la contabilidad.
Las suposiciones, por el contrario, abundan. Dicen que en el ministerio tienen redactado un proyecto de nueva Ley de Auditoría; que el proyecto duerme en algún cajón a la espera de que las corporaciones que velan por los profesionales de auditoría se pongan de acuerdo en el contenido de la ley. Puede ser. El caso es que hoy la situación de la auditoría es igual o peor que la de 1994.
