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Reportaje:

En memoria de 15 perros mutilados

Miles de personas piden en Tarragona castigo para el maltrato de animales

Pequeños y grandes. Huskies, chihuahuas diminutos, pastores alemanes, cockers y milrazas. A pelo, con pañuelos en los cuellos o con remilgados chalecos a cuadros. Una gran parte de la población canina de Tarragona salió ayer a las calles en compañía de sus propietarios, alrededor de mil personas que, en manifestación, exigían un endurecimiento de la legislación contra el maltrato a los animales. A la una de la tarde, 2.500 ciudadanos llegados de todas partes de España y de Europa se daban cita en la sede de la protectora de animales de Tarragona para homenajear a los 15 perros que el pasado 2 de noviembre aparecieron con las patas delanteras horriblemente mutiladas.

Y es que el aullido de los 15 perros ha llegado al Congreso de los Diputados. CiU, PP y PSOE han presentado proposiciones para que el Código Penal castigue el maltrato de los animales domésticos hasta con la cárcel. Los destinados a la experimentación, ganado y aves tendrán que esperar turno.

El PSOE solicita penas de hasta un año de prisión y arrestos de hasta seis fines de semana

A diferencia de otros países europeos -como los anglosajones y los nórdicos-, España no dispone de una ley estatal. El artículo 632 de su Código Penal contempla el maltrato de los animales, pero como una simple falta administrativa, por la que a lo máximo que puede aspirar un torturador de la fauna es a una multa de entre 2.000 pesetas y tres millones de pesetas. Las autonomías, salvo cuatro (Andalucía, Aragón, Asturias y Extremadura) han legislado en su territorio, pero sus competencias sólo permiten medidas administrativas.

A raíz del caso de los 15 perros mutilados, CiU y el PP han presentado en noviembre sendas proposiciones no de ley para que el maltrato de animales alcance la categoría de delito a través de una reforma del Código Penal. El diputado popular Teófilo de Luis se apoya en dos de sus artículos: el 263, sobre daños a la propiedad ajena, con penas de multa de hasta 36 millones de pesetas, y el 625, sobre daños intencionados, con penas de arresto y multas menores.

Por su parte, el PSOE presentó el 29 de noviembre una proposición de ley donde pide hasta un año de prisión para los maltratadores y promotores de espectáculos con animales no autorizados y penas de arresto de hasta seis fines de semana por abandono de animales. 'PP y CiU no especifican las penas de cárcel; nuestra apuesta es más clara', dice Cristina Narbona, secretaria de Medio Ambiente socialista.

'En cuanto a las responsabilidades penales, hay que actuar con prudencia', afirma Teófilo de Luis. 'Hay que contar con la repercusión que sufrirían las actividades económicas de los sectores ganadero y avícola si actuáramos a la ligera'.

Los políticos distinguen entre los animales domésticos y los destinados al consumo. 'Lo ideal sería', apunta Jordi Martí, diputado de CiU, 'una ley general, pero, de momento, hace falta una medida de choque. Después, tendremos que ponernos de acuerdo con los sectores de las actividades económicas implicadas para una ley general que contemple el transporte y las condiciones de vida en las explotaciones'. El diputado socialista, Víctor Morlán recuerda que las leyes autonómicas 'ya están profundizando en la garantía del transporte animal. Aunque habría que exigir que se apliquen las normas de la UE'.

Las asociaciones defensoras de los derechos de los animales perdieron la batalla, y España la ocasión, en 1995, cuando el Gobierno socialista no aceptó su propuesta de modificación del artículo 632 del Código Penal en el sentido de tipificar como delito las vejaciones a los animales. Por aquel entonces, el PP, en la oposición, se unió a las pretensiones de las asociaciones, pero, una vez en el Gobierno, el viento se llevó sus palabras y el vacío del artículo 632 sigue vigente.

Para los políticos consultados, la lidia es capítulo aparte y no será tocado en este debate. Según Teófilo de Luis, 'la fiesta nacional tiene que ver con nuestra historia y nuestra cultura'. Sin embargo, la presidenta de la Asociación para la Defensa de los Derechos de los Animales, Carmen Méndez, destaca que 'los toros son la sombra que está planeando para que no salga una ley'.

* Este artículo apareció en la edición impresa del Lunes, 3 de diciembre de 2001