La Sindicatura ve 'descontrol' en la Diputación de Lleida
La Sindicatura de Cuentas advirtió ayer de que existen indicios fundados de que la Diputación de Lleida, gobernada por Convergència i Unió (CiU), no ha atajado el 'descontrol' y las irregularidades detectadas entre 1995 y 1999 en el funcionamiento del órgano encargado de recaudar los impuestos municipales. Ante la presión de todos los grupos parlamentarios, CiU se vio obligada ayer a sumarse a la propuesta de la oposición de encargar un nuevo informe que fiscalice también el periodo 2000-2001.
El síndico Manuel Barrado, propuesto en su día a instancias del Partido Popular (PP), presentó ayer en el Parlament el informe que ha elaborado sobre el Organismo Autónomo de Gestión y Recaudación de Tributos Locales de la Diputación de Lleida (OAGRTL) en el periodo en que su máximo responsable, como presidente de la Diputación, era Josep Grau, hoy consejero del Gobierno catalán. Todos los grupos, salvo CiU, elogiaron el informe, que fue puesto en entredicho por los actuales responsables de la Diputación, y mostraron su preocupación por la gestión 'nefasta' del equipo encabezado por Grau y el 'descontrol' en la institución.
El informe advierte de la falta de transparencia y de 'utilización presuntamente fraudulenta de fondos públicos' en el OAGRTL, pero en su exposición de ayer Barrado subrayó que no podía afirmar que la Diputación hubiera tomado posteriormente las medidas necesarias para atajar la 'falta de control' y la 'mala gestión'. El PP y los socialistas se agarraron a esta insinuación para reclamar un nuevo informe fiscalizador, que finalmente fue pedido por todos los grupos.
La Sindicatura calcula que entre 1995 y 1999 la Diputación de Lleida, a través de su organismo recaudador, dejó prescribir más de 1.500 millones de pesetas del total de tributos que debía gestionar. Los diputados mostraron su perplejidad por algunas de las empresas y entidades que se ahorraron impuestos a través de las prescripciones. Entre otros, el informe cita Adigsa, el Incasol -empresas de la Generalitat- y el obispado de Lleida.
