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Van de Walle anuncia acciones judiciales contra su sucesor en el Gobierno canario por el 'caso Jinámar'

El ex consejero canario de Política Territorial, Tomás Van de Walle (del PP), anunció ayer que emprenderá acciones judiciales contra su sucesor en el cargo Fernando González (Ican-Coalición Canaria), después de que el Consejo Consultivo haya encontrado defectos esenciales en la investigación abierta por el nacionalista sobre las actuaciones de Van de Walle referidas al Plan Especial del Parque Marítimo de Jinámar. El dictamen del Consultivo reprocha que González, quien ayer puso su cargo a disposición del jefe del Ejecutivo, Román Rodríguez, de CC, iniciase una revisión de esa actuación de Van de Walle sin dar audiencia a las partes implicadas (vecinos, ayuntamientos de Las Palmas y Telde, constructora).

El origen de la polémica está en una orden del ex consejero del PP del 20 de marzo de 2000 por la que Van de Walle recalificó de uso comercial a público un suelo en la parte del barrio de Jinámar perteneciente a Telde, para satisfacer la demanda de suelo público realizada por el concejal de Urbanismo de ese municipio, cuyo alcalde es de Ican-CC. A los propietarios de esos terrenos comerciales les compensa con dos parcelas de la comunidad autónoma en Las Palmas (cuyo alcalde es el presidente del PP canario, José Manuel Soria), que estaban dedicadas a vivero y a canchas deportivas, valoradas en 8.728 millones de pesetas. En ellas se construirá un híper Eroski.

El dictamen del Consejo Consultivo no anula la orden citada, según Van de Walle, quien entiende que la revisión de sus actos respondía sólo a una estrategia política, por lo que exige al actual consejero responsabilidades por haber levantado un escándalo falso, haber metido a su Gobierno en un gran problema y haber filtrado calumnias contra él de forma interesada.

El vicesecretario del Partido Socialista Canario-PSOE, Francisco Hernández Spínola, lamenta que el Consultivo utilizase argumentos jurídicos endebles y no entrara en el fondo del caso, si bien comparte con este órgano que el expediente de revisión fue una chapuza llena de defectos de forma.

Según dijo existen ahora cuatro frentes abiertos en este caso: la Fiscalía Anticorrupción, que ayer mismo abrió diligencias sobre el caso; la Audiencia de Cuentas (cuyo presidente ha solicitado un informe); los tribunales (donde se tramitan los recursos de los ayuntamientos de Telde y Las Palmas contra la orden de Van de Walle) y el Parlamento de Canarias, donde los socialistas han solicitado una comisión de investigación, al entender que también están implicadas las consejerías de Economía y Hacienda y de Obras Públicas.

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