El fiscal jefe señala que es la Fiscalía de Málaga la que debe decidir si interviene Anticorrupción

El fiscal jefe del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA), Jesús García Calderón, declaró ayer que corresponde al fiscal de Málaga, como instructor de las diligencias previas, valorar si es pertinente que Anticorrupción intervenga en el robo de los sumarios de Jesús Gil en los juzgados de Marbella. García Calderón admitió la 'vulnerabilidad interna' de las sedes judiciales y propuso como prevención el incremento de las inspecciones para supervisar de cerca el trabajo de los funcionarios, incluidos los jueces y los fiscales, en determinadas sedes conflictivas.

García Calderón recordó que las diligencias por el robo de los sumarios fueron en su momento declaradas secretas y que desconoce si hay elementos suficientes como para traspasar a la Fiscalía Anticorrupción el procedimiento tal como he solicitado la consejera de Justicia y Administración Pública, Carmen Hermosín. Por tanto, agregó, debe ser el fiscal malagueño quien valore si debe derivar o no la investigación a fiscalía especial.

El fiscal jefe recordó que Anticorrupción tiene tiene unas competencias con límites muy estrictos. 'La Fiscalía Anticorrupción está para reprender aquellos delitos económicos relacionados con la corrupción. ¿Se puede considerar económico el delito cometido en Marbella con los sumarios? Quizá, pero carezco de datos sobre el particular', explicó.

Iniciativa loable

Jesús García Calderón precisó que la iniciativa de la consejera es 'loable' pero que en las circunstancias actuales el único capacitado para dar una opinión fundamentada es el fiscal malagueño después de sopesar el contenido de las diligencias previas. 'Sin conocerlas sería una temeridad por mi parte manifestarme', añadió.

El fiscal jefe restó importancia a las manifestaciones hechas por el presidente del TSJA, Augusto Méndez de Lugo, que no descartó la intervención de la Fiscalía Anticorrupción si 'la causa abierta determina que hay una trama evidente'. 'Hay que hacer un seguimiento a todo lo que hagan el Consejo General del Poder Judicial y el TSJA. Hasta hoy no han requerido a la Fiscalía para que informe sobre la sustracción', dijo.

García Calderón reconoció que la vulnerabilidad de las sedes judiciales es 'una realidad que no podemos ocultar pero conociendo que éste es un atributo de muchos edificios públicos'. El fiscal jefe precisó que en el caso de Marbella, donde se investiga la responsabilidad de los secretarios y funcionarios judiciales una vez que el consejo general descartara la implicación de los titulares de los juzgados, el problema se plantea sobre la inseguridad interna de los juzgados no sobre la externa. En este sentido, García Calderón dijo que sería necesaria fomentar los servicios de inspección tanto por parte los órganos internos como por la fiscalía para 'comprobar el trabajo de los funcionarios, includos jueces y fiscales'.

'El problema de Marbella', reiteró, 'no es de seguridad externa sino interna. Una solución por tanto es controlar la actividad de los funcionarios. Todos nosotros tenemos un régimen de incompatibilidad muy estricto'.

A juicio del fiscal andaluz los propios jueces de la inspección deberían establecer los criterios a seguir en materia de seguridad. 'Pero repito, la inseguridad no es un problema estrictamente judicial. Cualquier oficina pública puede sufrir un robo de esas características. La inseguridad es una de las carencias ancestrales', continuó.

El fiscal jefe planteó también la posibilidad de que la comunidad autonómica cuente con una delegación de la Fiscalía Anticorrupción con la que, dijo, mantiene 'una estrecha relación'. Aunque la fiscalía especializada en casos de corrupción está centralizada en Madrid García Calderón explicó que hay precedentes de ubicar una delegación en otras provincias. 'Es una posibilidad que no nos planteamos de inmediato, pero que puede valer para el futuro'.

El fiscal jefe visitó ayer por la mañana Sevilla donde se entrevistó con el presidente del Parlamento andaluz Javier Torres Vela. El fiscal justificó así el encuentro: 'Hay una tarea legislativa muy importante en materias como medio ambiente o protección del patrimonio en la que estamos interesados'.