El fiscal quiere interrogar a cuatro directivos de la CNMV

La Fiscalía Anticorrupción solicitó ayer de la juez Teresa Palacios que practique una serie de diligencias en el caso Gescartera que, en la práctica, supone dirigir la investigación a la actuación de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) en relación con este escándalo. Hasta ahora, la magistrada había centrado sus pesquisas, sobre todo, en averiguar el paradero de los 18.000 millones de pesetas desaparecidos. La fiscalía solicita toda la documentación de que disponga la CNMV sobre Gescartera y pide que declaren como testigos cuatro directivos del organismo relacionados con el caso.

En el escrito presentado ante la Audiencia Nacional, la Fiscalía Anticorrupción, dirigida por Carlos Jiménez Villarejo, explica que 'resulta indispensable conocer el grado de cumplimiento del ordenamiento jurídico (...) encomendado a dicho organismo [la CNMV]'. Esta nueva dirección que parece tomar la investigación judicial del caso Gescartera se produce tras la aparición de numerosos indicios que apuntan a que el organismo regulador del mercado inscribió de forma irregular a la sociedad de Antonio Camacho como agencia de valores. Además, Camacho logró, durante años, sortear todos los controles y mecanismos de supervisión diseñados, precisamente, para impedir un fraude como el que se ha producido.

Para aclarar estos extremos, el fiscal pide que declaren como testigos algunos de los funcionarios de la CNMV que han tenido relación con este caso. En concreto, se trata de Antonio Botella, Antonio Alonso Ureba, Juan Carlos Basallote y José Manuel Barberán. En su escrito, la Fiscalía Anticorrupción no pide que declaren ni Pilar Valiente, presidenta de la CNMV, ni su vicepresidente, Juan Jesús Roldán.

Antonio Botella es el actual director general de Supervisión de la CNMV, y fue el funcionario que, en 1999, dio por buenos certificados bancarios falsos de La Caixa con los que Camacho tapó un agujero de 4.000 millones de pesetas. Se da la circunstancia, además, de que en su primera declaración, el dueño de Gescartera aseguró que le unía una 'relación de amistad' con Botella, un extremo desmentido por Pilar Valiente. Botella fue ascendido a director general de Supervisión por Valiente en noviembre del año pasado, tras ser nombrada presidenta de la CNMV por el Gobierno, a propuesta formal del ministro de Economía, Rodrigo Rato.

El otro alto funcionario citado a declarar es Antonio Alonso Ureba, que fue secretario del consejo de la CNMV hasta febrero de este año, y que acudió, junto con Valiente y el entonces secretario de Estado de Hacienda, Enrique Giménez-Reyna, a un almuerzo con al dueño de Gescartera en febrero de este año. Tras dejar la CNMV, Alonso Ureba pasó a Telefónica, donde ocupa en la actualidad el cargo de secretario del Consejo.

Su primo, Juan Carlos Basallote Ureba, también ha sido citado por la Fiscalía Anticorrupción. Basallote es director general de Entidades en la CNMV. Como tal, inscribió a Gescartera en el registro oficial de agencias de valores el pasado 6 de febrero, cuatro días hábiles después de enviar una carta a Camacho en la que afirmaba que no cumplía los requisitos exigidos, y sin que éstos fuesen subsanados. Para tratar de explicar esta aparente anomalía, la CNMV afirma que Basallote 'se expresó mal' en la citada misiva.

José Manuel Barberán, cuya declaración ante la juez también ha sido solicitada por la fiscalía, fue vocal del Consejo de la CNMV hasta diciembre del año pasado, y en general, sus opiniones se alineaban con las del anterior presidente, Juan Fernández-Armesto, a favor de publicar las sanciones impuestas, en contra del criterio de Pilar Valiente, y Luis Ramallo.