Vivienda decide intensificar la lucha contra el fraude en los pisos protegidos

Presentar datos falsos para participar en los sorteos de viviendas públicas, no ocuparlas o intentar venderlas con sobreprecio antes del plazo mínimo para sacarlas al mercado son algunas de los fraudes más habituales. Azkarraga destacó a EL PAÍS que la lucha contra el fraude, sobre todo el referente a las viviendas que no se ocupan, 'va ser uno de los temas más importantes para el departamento'.

Azkarraga cree que éste es el flanco más débil de la Administración a la hora de combatir el fraude, ya que 'hay muchos medios de control' para evitar que un particular venda un piso protegido antes de tiempo. Aunque reconoce que de momento no dispone de datos precisos del engaño que se está cometiendo con las viviendas de protección oficial y sociales que no se utilizan por parte de las personas que las han conseguido en un sorteo, señala que su consejería 'no puede permanecer pasiva ante lo que es un engaño'. 'Mi idea es conformar un servicio de inspección antes de que finalice el año', añade.

Según Azkarraga, el Gobierno no tiene capacidad por sí mismo para poner en marcha este órgano, aunque después dependa de él. Por eso, incide en la necesidad de alcanzar acuerdos con el resto de administraciones (ayuntamientos y diputaciones) y otras entidades. Un elemento clave, por ejemplo, es la colaboración de Iberdrola y de los servicios municipales de aguas, que pueden hacer un seguimiento más exhaustivo de las viviendas y localizar las desocupadas.

'Quiero que se produzca un acuerdo amplio de colaboración con las diferentes entidades implicadas. El nuevo servicio trabajará con una inflexibilidad absoluta', apunta el consejero, quien admite que en ocasiones el fraude se ha podido producir por un error del propio departamento, al acceder a un piso protegido en sorteo un ciudadano que ya tenía una libre en propiedad y que la 'camufló' para poder ir a la rifa.

'Cuando hay tanta demanda de vivienda en Euskadi, que haya pisos que no están siendo utilizados por las personas a las que se les ha adjudicado es algo perseguible con dureza', zanja Azkarraga.

La colaboración de los ayuntamientos es fundamental, por lo que dentro de la ronda de contactos que el departamento va a mantener con ellos la lucha contra el fraude será uno de los temas a analizar. En estas reuniones también está previsto hablar sobre la vivienda vacía libre, que constituye cerca del 10% del total de las censadas en Euskadi. Casi la mitad de ellas son empleadas en temporadas del año como segunda residencia, pero otro 20% se emplea sólo como fórmula de inversión y se suelen mantener cerradas a la espera de que aumente su valor.

El departamento es partidario de penalizar a los propietarios de estos pisos vacíos para espolear así su salida al mercado, lo que exige que se impliquen los consistorios a través, por ejemplo, de la creación de una tasa municipal. Junto a ello, el Ejecutivo también apuesta por una política de incentivos. Por lo general, los dueños de los pisos desocupados ponen como argumento para no alquilarlos que los inquilinos no les pagan o bien que les destrozan la casa.

El Gobierno construye actualmente, por medio de la promotora pública Visesa, 2.254 viviendas protegidas, a las que se sumarán 1.193 ya asignadas para este año y el próximo. Desde su creación en 1990 y hasta 2003, Visesa habrá puesto en el mercado, si se cumplen los planes, 8.492 pisos a precio reducido.