El gobernador de Tejas veta una ley que impedía la ejecución de enfermos mentales
Rick Perry, gobernador de Tejas, vetó ayer una ley que hubiera impedido la ejecución de retrasados mentales en ese Estado, el que más penas de muerte aplica en todo Estados Unidos.
La legislación hubiera permitido que un jurado determinase si el acusado es retrasado mental, en cuyo caso podría ser condenado como máximo a cadena perpetua. Si el jurado determinase lo contrario, el abogado defensor podría pedir al juez que asignase a dos expertos para realizar una evaluación final.
"Esa legislación no trata de si se puede ejecutar o no a asesinos retrasados mentales", sino "de quién determina si un acusado es o no retrasado mental en el sistema judicial de Tejas", apuntó el gobernador republicano. Perry, que firmó el veto el último día de plazo, sustituyó en la gobernación a George Bush cuando éste fue investido presidente de Estados Unidos. Durante su mandato como gobernador de Tejas, de seis años de duración, Bush firmó un récord de 152 sentencias de muerte.
En lo que va de año, ocho presos han sido ejecutados en Tejas y un total de 247 han sido sometidos al máximo castigo desde 1982, cuando se restableció la aplicación de la pena de muerte en el Estado.
El gobernador considera que es suficiente la legislación del Estado para proteger a los retrasados mentales de la posibilidad de ser condenados a la pena de muerte. Pero varios congresistas demócratas aseguran que al menos seis deficientes mentales han sido ejecutadas desde 1982.
La ley de Tejas toma en cuenta factores como que el acusado de asesinato sea o no capaz de ayudar a su propia defensa o si sufría enajenación mental cuando cometió el asesinato.
Perry ha dicho que esperará a la decisión que tome el Tribunal Supremo, que debería pronunciarse en otoño sobre si es o no legal ejecutar a personas retrasadas.
