Las instituciones disponen de 60 sociedades que absorben 125.000 millones
El Tribunal de Cuentas censura su proliferación y pide un mayor control institucional
Hay sociedades públicas centenarias como, en San Sebastián, la Compañía del Tranvía, que funciona desde 1900, o Fomento (1902), y en Bilbao está Viviendas Municipales, creada en 1919. Pero estos organismos han crecido sobremanera en los últimos quince años. De las 60 existentes ahora, casi 50 funcionan sólo desde 1985.
En el Gobierno vasco la lista de 20 se amplia hasta 75 si se incluyen aquellas en las que el capital de la Administración no es del 100% y supera el 50%. Existen desde sociedades dedicadas a la informática hasta institutos para el desarrollo de la agricultura y Euskal Irrati Telebista (EITB). En conjunto, estas 20 entidades tienen un presupuesto de 87.000 millones de pesetas y una plantilla de 2.340 trabajadores. Hay organismos consolidados con el paso de los años, como el Grupo EITB -con un presupuesto anual de casi 19.000 millones y alrededor de 900 trabajadores-, el Ente Vasco de la Energía (EVE) o Eusko Trenbideak. Por el contrario, Neiker (del Departamento de Agricultura) y Puertos Deportivos de Euskadi son las más recientes, creadas en 1998 y 2000 respectivamente.
En las dos principales instituciones vizcaínas, la Diputación y el Ayuntamiento, existen 25 sociedades públicas con un fondo que supera los 19.000 millones de pesetas. En la institución foral hay 14 entidades, de las que 11 se han creado en los últimos 15 años y siete en la década pasada. Su función pasa por asuntos generales pero en los últimos años se han constituido dos para cuestiones específicas, como la gestión del traslado de la sede de la Diputación y el nuevo plan urbanístico de La Arboleda, y la más polémica, Bideak, destinada para la construcción de carreteras, cuya existencia ha sido cuestionada por el Tribunal de Cuentas al entender que realiza una 'función paralela' a la del Departamento de Obras Públicas. En dos sociedades (Bizkailur y Palacio Euskalduna) los directores generales tienen un sueldo anual similar al lehendakari, de casi 12 millones.
En el Ayuntamiento de Bilbao, las 11 entidades públicas registradas cuentan con un presupuesto de casi 8.500 millones y, en la línea de las otras administraciones, la mayoría (7) se han creado en los últimos quince años.
Álava dispone de 9 sociedades públicas con más de 13.000 millones de fondos, informa Pedro G. de Viñaspre. Cinco de ellas se han creado en los últimos quince años. En la Diputación están registradas cinco con variadas funciones: implantación industrial, gestión de los centros históricos del territorio, campos de golf o contrataciones públicas. En el Ayuntamiento de Vitoria hay una menos pero el presupuesto total es de 8.191 millones, 3.000 más que en la Diputación. Sin embargo, la única creada desde 1985 -y que funciona desde el pasado año- es Ensanche 21, dedicada al urbanismo. Las otras tres, cuya función son servicios generales como rehabilitaciones, el agua o el transporte urbano, funcionan desde hace una veintena de años.
El crecimiento de estas sociedades, que algunos expertos califican como 'pseudoprivatización', es cuestionado por el presidente en funciones del Tribunal Vasco de Cuentas Públicas (TVCP), Rafael Iturriaga. Dice que no se debe recurrir a ellas salvo que 'poderosas razones de eficacia y eficiencia así lo avalen'.
En un novedoso informe, el Tribunal de Cuentas recomienda al Parlamento que aumente su control. Para ello, pide a la Cámara que elabore una norma homogénea que pueda aplicarse a todas las sociedades, sobre todo a aquellas participadas por varias administraciones pero que ninguna de ellas interviene con más del 33%. Así, el Gobierno, al elaborar su presupuesto no tiene en cuenta a este tipo de sociedades, a pesar de que les destina dinero y su actividad es pública.
Los partidos políticos muestran opiniones diversas. 'Aportan flexibilidad, agilidad y una gestión eficiente', dice Jesús Loza, portavoz del PSE en Vitoria. Miguel Ángel Redondo, portavoz del PNV en las Juntas de Álava, añade que el 'el uso que se les están dando es pequeño'. Julia Madrazo, concejal de IU en Bilbao, censura que haya menor control en materia de contratación, la promoción del enchufismo que suponen y 'que haya sociedades con unos presupuestos tremendos y en la que cada director cobra una cantidad diferente. Habría que realizar condiciones laborales globales'. Josu Montalbán, portavoz del PSE en las Juntas de Vizcaya, cree que 'salvo actuaciones concretas, más de la mitad de la Diputación no son imprescindibles' y coincide en que suponen 'menor control público'.
