Pugna entre la UE y Polonia por la prohibición polaca de vender sus tierras a extranjeros
Polonia recibió ayer con decepción la oferta de la Comisión Europea en uno de los asuntos más delicados de las negociaciones de adhesión a la Unión Europea: la compra de tierras agrícolas y de residencias secundarias. Bruselas propone siete años de periodo transitorio para el primero y cinco para el segundo, cifras que se alejan mucho de los 18 años que pide Varsovia. El precio de las tierras agrícolas es entre 3 y 12 veces más barato en Polonia que en el conjunto de Alemania, por lo que Varsovia teme que sus vecinos puedan comprarlas con relativa facilidad y rapidez. Por eso ha puesto en vigor una ley que exige autorizar cada operación caso por caso, y desea mantenerla durante otros 18 años tras la adhesión. La propuesta sobre tierras agrícolas afecta también a Hungría, la República Checa, Eslovaquia y Bulgaria. La de residencias secundarias, a Hungría y la República Checa.
'Hemos recibido la oferta con decepción', declaró la portavoz de la misión polaca ante la UE. En los medios polacos crece la sensación de que la Comisión y su comisario para la Ampliación, el alemán Günter Verheugen, defienden cada vez más abiertamente los intereses de Berlín en las negociaciones de adhesión. Y ponen el ejemplo de la propuesta sobre la libre circulación de trabajadores: cinco años de periodo transitorio que cada Gobierno puede ampliar a siete si lo considera necesario. Justo lo que pedía Alemania.
El problema de las tierras es uno de los más delicados en el conjunto de la negociación con Polonia, junto a la libre circulación, las ayudas agrícolas, el medio ambiente y las consecuencias que tiene la ampliación en la participación de las actuales regiones pobres de la UE en los fondos estructurales. 'No estamos ante un problema sólo psicológico, como le ocurre a Alemania con la libre circulación, sino ante un asunto que, además, tiene enormes consecuencias económicas', defendió ayer la portavoz polaca.
En materia de residencias secundarias, los tres países que han solicitado un periodo transitorio cuentan con un clamoroso precedente a su favor. Dinamarca logró durante las conversaciones de adhesión un larguísimo periodo transitorio que con la entrada en vigor del Tratado de Maastricht, en 1993, se convirtió en una derogación definitiva. El objetivo danés es impedir que sus vecinos alemanes se hagan con el sector inmobiliario.
