El conflicto como norma

Las tradicionalmente tensas relaciones entre los gobiernos central y vasco han llegado a uno de sus puntos más críticos durante la legislatura recién concluida. La apuesta soberanista en la que se embarcaron las dos formaciones del Ejecutivo (PNV y EA) ha conducido inexorablemente al aumento de la desconfianza entre los dos gabinetes y a la paralización del proceso de transferencias. En toda la legislatura, sólo se ha producido un traspaso: el de la titularidad del tramo vasco de la A-8, la autopista que une Bilbao con Behobia.

La conflictividad jurídica es consustancial a un estado descentralizado, pero el problema en Euskadi es que la disputa con la Administración del Estado se debe a discrepancias políticas que el Tribunal Constitucional no puede encauzar por la vía del Derecho. En esta sexta legislatura ha quedado más patente que nunca que el PNV y EA consideran que el Estatuto de Gernika es un punto de partida para un futuro proyecto de desarrollo de la nación vasca, mientras que el Gobierno central considera que se trata de la estación final. A eso hay que añadir la tradicional renuencia de los nacionalistas a participar en conferencias sectoriales donde todas las comunidades puedan opinar sobre el modelo de Estado y su preferencia por mantener una relación bilateral con el Gobierno central.

Con este caldo de cultivo y una legislatura iniciada al calor de la tregua etarra y el acuerdo de Lizarra, era inevitable que el intento por normalizar las relaciones Madrid-Vitoria se saldara con un sonoro fracaso. El diálogo entre los dos ejecutivos se ha producido a trompicones y las acusaciones de deslealtad se han sucedido. Dos recursos de inconstitucionalidad, dos conflictos de competencia y el mantenimiento de un sinfín de recursos contra normas tributarias forales interpuestos por la Administración del Estado han jalonado el mandato de Ibarretxe. La crispación alcanzó su grado máximo con la decisión de ETA de volver a matar.

Aunque la legislatura anterior tampoco había sido muy fructífera en cuanto al desarrollo del Estatuto, con ocho transferencias menores, ambos gobiernos lograron un acuerdo histórico para actualizar el Concierto Económico, el auténtico motor del autogobierno. La mayoría insuficiente del PP en las generales de 1996 y una coyuntura de transición, con el paso de un gobierno socialista a otro popular, propició que PP y PNV pactaran, algo impensable poco antes dadas las traumáticas relaciones que siempre han mantenido ambos partidos. Pero aquel noviazgo apenas duró y los encontronazos se trasladaron a la sexta legislatura.

Las relaciones se enfriaron definitivamente con la negativa estatal a transferir el Inem en las condiciones que reclamaba el PNV. La distinta interpretación que cada parte hace de cómo debe materializarse este traspaso envenena la negociación. La capacidad de recaudar la cuota de formación que pagan empresarios y trabajadores ha bloqueado la transferencia. El problema que subyace es que una cesión de este tipo rompería la caja única del Inem, que el Gobierno central pretende mantener, al menos de momento, tal y como está. Para el Gobierno vasco se trata de una transferencia fundamental entre de las 38 aún pendientes y la más importante del área de trabajo y seguridad social.

Otra transferencia importante, más por su trascendencia simbólica que por su valor material, es la de las cárceles, que en su momento fue perseguida con perseverancia por los anteriores gobiernos autónomos, pero que en esta legislatura ha pasado casi desapercibida.

Los que no han pasado inadvertidos han sido los recursos a las normas tributarias de las diputaciones, un denominador común en las últimas legislaturas, aunque en la que acaba de terminar la tensión alcanzó su grado máximo porque el Concierto estuvo contra las cuerdas tras el procedimiento de infracción abierto por la Comisión Europea al considerar los créditos fiscales como ayudas directas a la inversión y, por lo tanto, contrarias al tratado de la UE. Las reducciones de la base imponible del impuesto de Sociedades (las vacaciones fiscales) fueron calificadas de ayudas al funcionamiento contrarias a la libre competencia.

Finalmente, ambos gobiernos sellaron la paz fiscal en enero de 2000. Las diputaciones se comprometieron a retirar su normativa más polémica, lo que ha facilitado alejar al Concierto de los tribunales, pese a que el Gobierno central y la Diputación vizcaína aún seguían manteniendo meses después el enfrentamiento, aunque de tono menor.

Las desavenencias entre los dos gobiernos se agudizaron a medida que pasaba la legislatura, pero las inversiones del Estado en Euskadi se mantuvieron e incluso aumentaron en 1999 (últimos datos conocidos) respecto a años anteriores: se alcanzaron los 49.165 millones de pesetas, 6.000 más que en 1998. Además, el Ministerio de Medio Ambiente resolvió favorablemente la declaración de impacto ambiental de la línea de alta velocidad ferroviaria (una de las obras de ingeniería más ambiciosas que afrontará Euskadi en los próximos años) y Fomento se comprometió a comenzar la licitación de los tramos de obra.

La ruptura del acuerdo suscrito por el Gobierno vasco con EH tras los primeros asesinatos de ETA, hizo que el Ejecutivo de Ibarretxe volviera sus ojos hacia los socialistas en un intento de que su minoría no le desestabilizara. Con un Parlamento en manos de la oposición, Ibarretxe apeló en la recta final de su mandato por regresar al consenso estatutario. Pero ya era demasiado tarde. El pasado febrero, poco antes de que Ibarretxe anunciara la fecha de las elecciones, las dos administraciones se cruzaron ofertas para reanudar la negociación de las transferencias de inmediato, pero a la vez tacharon a la otra parte de actuar con irresponsabilidad.

La necesidad de pactar un nuevo Concierto Económico este año (la vigencia del actual expira el 31 de diciembre) ha reavivado la polémica. Mientras la parte vasca insiste en que hay que negociar en cualquier coyuntura, el Gobierno central aguarda el resultado de las elecciones para acelerar el proceso.