La construcción de viviendas de protección oficial cae un 80% en 5 años

En 1995 se construyeron 46.309 viviendas, incluidas las viviendas libres y las de protección oficial, mientras que el año pasado fueron 74.625. Sin embargo, la situación específica de la construcción de la Vivienda de Protección Oficial (VPO) ha corrido distinta suerte.

La edificación de vivienda protegida tuvo su auge en el periodo comprendido entre 1993 y 1996 e inició una tendencia a la baja desde entonces que se ha acentuado con el paso del tiempo. Hoy está bajo mínimos y apenas representa el 7,3% del total, mientras que en 1995 suponía el 45,5%. Según la Dirección General de la Vivienda de la Generalitat, el año pasado apenas se construyeron en Cataluña 5.475 pisos de protección oficial, muy por debajo de los 21.051 de hace cinco años.

El director general de Arquitectura y Vivienda de la Generalitat, Miquel Modrego, afirma: 'En los últimos años, el mercado libre ha sido mucho más atractivo para los promotores, presentaba menos riesgos y tenía una buena demanda'. El aumento de peticiones de vivienda libre y de los precios ha acentuado el escaso interés por construir este tipo de vivienda, que encuentra en la sociedad actual una demanda específica, generalmente de jóvenes, personas mayores y familias con ingresos que no les permiten afrontar la oferta del libre mercado.

Un sistema perverso

'Si la construcción de la vivienda que tenemos actualmente satisficiera a la población, la VPO no sería necesaria', explica Carme Trilla, economista y experta en el sector inmobiliario. Pero la realidad es muy diferente. Trilla, que ha coordinado un estudio sobre el Plan de la Vivienda 1998-2001 encargado por la Diputación de Barcelona, mantiene: 'El problema no queda resuelto porque la demanda de VPO existe, pero no se puede adecuar a la oferta del libre mercado, y menos todavía en épocas como la actual en que los precios se han disparado'.

Eugeni Forradellas, concejal de Vivienda del Ayuntamiento de Barcelona, entona una autocrítica cuando afirma: 'Es un problema de prioridades. La política de vivienda en general es la que recibe menos ingresos públicos, aunque de ella derivan muchos impuestos'. El riesgo que se corre, señala el concejal, es que este derecho básico quede en manos del libre mercado.

De acuerdo con Trilla, estamos inmersos en un sistema de vivienda perverso en cuanto a necesidades sociales, que depende del sector privado tanto en términos de suelo como de financiación y de promoción.

El Ministerio de Fomento negocia anualmente con las entidades financieras la obtención de créditos para incrementar la construcción de viviendas de protección oficial.

Los contructores privados se resisten a entrar en la VPO. En épocas de prosperidad económica, el libre mercado impone su ley y los promotores no atienden las necesidades de construcción de viviendas de protección. El precio del suelo acaba por ser el principal obstáculo.

El presidente de la Asociación de Promotores y Constructores, Enric Reyna, insiste en que 'el precio del suelo hace del todo imposible la construcción de VPO' y culpa a la Administración central, que tiene competencias en esta materia, de no ceder ante las reclamaciones de rebaja de precios. Al mismo tiempo, otra de sus demandas es una 'adaptación realista' del precio del módulo (precio de venta del metro cuadrado de la vivienda protegida). 'Suben los costes de construcción, de material, de mano de obra y, sin embargo, el módulo continúa igual', subraya Reyna.

El director general de Arquitectura y Vivienda de la Generalitat, Miquel Modrego, coincide también en que la congelación del precio del módulo desde 1996 ha perjudicado la construcción de VPO, pero confía en que la situación tome otro rumbo a raíz de la aprobación por parte del Ministerio de Fomento, el pasado 9 de febrero, de un incremento del 2% del precio máximo por metro cuadrado, permitiendo a las comunidades autónomas subir estas tarifas hasta un 25% (hasta ahora era el 15%).

Esta medida fue adoptada un mes después en Cataluña 'porque nos encontramos en una situación límite que hace inviable la edificación de VPO', destaca Modrego. Estos precios varían en función del tipo de régimen de la vivienda y de la zona donde se encuentra. Con el incremento adoptado, oscilan desde las 125.625 pesetas por metro cuadrado en regiones del interior hasta las 163.313 en la ciudad de Barcelona.

'Esperamos que el aumento reactive, aunque no a corto plazo, la edificación de vivienda protegida', añade el director general de Arquitectura y Vivienda de la Generalitat, que estima entre 6.000 y 7.000 las obras que se llevarán a cabo este año.

Las competencias en materia de vivienda también añaden polémica a la situación de la VPO. Por el momento, la Adminsitración central es la que tiene la última palabra. Además, el sistema de financiación bancaria que se aplica en España para obtener dinero para las VPO contrasta con las fórmulas de Francia y Alemania, donde el capital para procede del ahorro colectivo.