La nueva financiación tendrá que reconocer a casi medio millón de andaluces

El anuncio del ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, de que el próximo modelo de financiación autonómica, que abarcará el periodo 2002-2006, aplicará el dato de población más actualizado supondrá el reconocimiento de casi medio millón de andaluces que no existen en el sistema vigente. El actual modelo de financiación (1997-2001), del que se excluyó el Gobierno andaluz por considerarlo lesivo para la comunidad, cubre financieramente a 6.851.154 andaluces (una proyección del padrón de 1988 que se hizo en 1986). Los últimos datos disponibles, una revisión del padrón municipal de 1999, revelan que la población de Andalucía asciende a 7.305.117 habitantes. Por tanto, al menos 453.963 andaluces tendrán que ser incluidos en la nueva financiación autonómica.

No obstante, esta cifra puede aumentar si se actualiza con los datos del padrón de 2000, una opción factible ya que desde 1996 existe un mecanismo de recuento permanente de la población. Una reforma legal realizada ese año facultó a los ayuntamientos a revisar cada 1 de enero su padrón municipal -estableciendo el padrón continuo- lo que permite tener información anual fidedigna sobre el número de habitantes en cada población.

Hasta ese momento, el Instituto Nacional de Estadística (INE) tenía dos instrumentos de medición (censo y padrón) que se realizaban cada diez años, alternándose en el tiempo cada cinco años, lo que propiciaba que hubiese información desfasada. Los últimos censos son de 1970, 1981 y 1991 y este año se elabora uno, mientras que los últimos padrones municipales son de 1975, 1986 y 1996.

El establecimiento del padrón continuo a partir de este último año es una baza que tendrá la Junta de Andalucía en su negociación con el Gobierno central. En estos cinco años, el Ejecutivo presidido por Manuel Chaves ha exigido al de José María Aznar el reconocimiento de la población real de Andalucía a efectos financieros. En 1996, el Gobierno de Aznar optó por aplicar el padrón de 1988 en la financiación autonómica del quinquenio 1997-2001, lo que ha provocado, según la Junta, un agujero de 260.625 millones pesetas en las arcas autonómicas (ver cuadro adjunto).

La Junta de Andalucía considera que el anuncio de Montoro allana el camino para que en el seno del Consejo de Política Fiscal y Financiera (órgano que aglutina al Gobierno central y a las 17 comunidades autónomas) se llegue a un acuerdo sobre el próximo modelo de financiación, que empezará a negociarse en las próximas semanas. De hecho, según fuentes del Ejecutivo regional, Montoro y el ministro de Economía, Rodrigo Rato, han citado a los consejeros de Economía de las comunidades gobernadas por el PSOE para el próximo lunes con el fin de iniciar las conversaciones y fijar las bases que sustentarán el sistema del quinquenio 2002-2006.

Aunque todavía no hay una propuesta firme, el Gobierno central prevé como principal novedad la cesión de parte de los impuestos especiales (hidrocarburos, alcohol o tabaco) a las autonomías. La paternidad del denominado modelo Zaplana, por el presidente de la Comunidad Valenciana, Eduardo Zaplana (PP), es reivindicada por la consejera de Economía andaluza, Magdalena Álvarez, quien desde hace años subraya que en la negociación del actual modelo ella sugirió la creación de una cesta de impuestos, en la que estaban incluidos los especiales, y que, en 1996, Rodrigo Rato dijo que era un proyecto técnicamente inviable. Finalmente, el modelo actual estableció como eje básico la cesión de un 30% del IRPF a las autonomías. De momento, no se sabe qué porcentaje del IRPF está dispuesto a ceder el Gobierno en el próximo sistema, aunque, a tenor de las primeras manifestaciones, oscilará sobre este porcentaje.

Este nuevo marco de relaciones para llegar a un acuerdo puede toparse, sin embargo, con un problema. El Ejecutivo de Chaves quiere que el Gobierno compense las pérdidas que, según sus cálculos, ha sufrido Andalucía en el actual quinquenio. Magdalena Álvarez ha elevado a 770.000 millones de pesetas este daño, que se desglosan de la siguiente manera:

- Regla de evolución. En 1996, al excluirse Andalucía del modelo de financiación vigente, el Gobierno de Aznar decidió que se le aplicara el anterior. Así, la financiación de la comunidad viene determinada por su Participación en los Ingresos del Estado (PIE). La PIE es el principal instrumento financiero de la Junta (en 2001, de los 2,8 billones del presupuesto andaluz, 856.000 corresponden a esta partida) y el Gobierno decidió que creciera anualmente conforme al PIB nominal (crecimiento más inflación). Por contra, a las comunidades que sí se acogieron al modelo actual se les ha aplicado como regla de evolución el ITAE (lo que ingresa el Estado por la suma de los impuestos directos e indirectos más las cotizaciones sociales), un índice que ha resultado mucho más beneficioso. En total, según la Junta, Andalucía ha perdido 433.969 millones de pesetas por este concepto.

- Población. El no reconocimiento de la población real de Andalucía a efectos financieros ha significado, según el Ejecutivo regional, que la comunidad dejase de ingresar 260.625 millones en estos cinco años.

- Liquidación. Cada año, el Gobierno envía a cada comunidad autónoma el 98% de lo que está previsto que ingrese por la financiación autonómica. El 2% restante, la liquidación, debe pagarse en el siguiente ejercicio presupuestario, pero, hasta el momento, el Ejecutivo no ha dado respuesta a esta reclamación. El Gobierno andaluz estima en 75.000 millones de pesetas las pérdidas en este punto.

Fuentes del Gobierno andaluz apuntan que lo idóneo es que se negocie el pago de estos 770.00 millones, pero que en cualquier caso esta exigencia está recurrida ante el Tribunal Constitucional.