Justicia decide mantener el decreto que aumenta el salario de su personal

El decreto de diciembre recoge el acuerdo alcanzado con CC OO, UGT y CSIF, que establece un aumento salarial de entre el 9 y el 15% para los 1.800 funcionarios transferidos de la Administración de Justicia que trabajan en Euskadi. En el resto de España, la subida salarial se ha fijado en el 2%. Este hecho ha sido recurrido por el Gobierno central ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior del País Vasco por entender que rompe la homogeneidad en el conjunto de la Justicia .

El acuerdo establecía, además, requisitos para la confección de las plantillas y se hacía referencia a la adaptación de los puestos de trabajo 'a las nuevas herramientas tecnológicas', entre las que se incluye el conocimiento del euskera 'en los puestos que se determinen en el oportuno plan de normalización lingüística'. Junto a ello, se establece que deben ser cubiertos 'con carácter inmediato por personal en posesión de un determinado perfil lingüístico, contando con la colaboración del personal ya euskaldunizado o en fase de serlo'. El decreto facilita, como tercer aspecto, permisos para visitar a presos parientes hasta el segundo grado de cosanguinidad e implanta la figura del coordinador de la oficina judicial.

Estas cuatro cuestiones fueron a su vez objeto, el pasado 9 de marzo, de un requerimiento de incompetencia por parte del Consejo de Ministros, por estimar que el Ejecutivo vasco se ha adentrado en materias que corresponde regular al Ministerio de Justicia' e infringe leyes concretas. El consejero Sabin Intxaurraga señaló que mantendrá los contenidos del acuerdo mientras los jueces no digan lo contrario. Aseguró que su departamento 'no se excede' en sus competencias las competencias', manifestó que los acuerdos con los sindicatos 'deben ser respetados' y calificó de 'falta de sentido' la interposición de los recursos por parte del Gobierno central. 'Presentan recursos en cada caso de intento de modernización de la justicia. No pueden hacer lo del perro del hortelano, que ni come ni deja comer', criticó tras anunciar que el Gobierno vasco no atenderá al requerimiento.

Propuesta a Madrid

Por otro lado, Intxaurraga expuso la propuesta que trasladó el pasado día 14 al ministro de Justicia, Ángel Acebes, para alcanzar un pacto de Estado para la Justicia. Destacó que es la primera comunidad en proponerlo y que su fin es crear 'una Administración de justicia adecuada al Estado de las autonomías, porque todavía no se ha producido una descentralización'. La propuesta plantea la necesidad de que Euskadi tenga competencias plenas sobre el personal de Justicia -los magistrados, jueces y secretarios siguen dependiendo del Estado- y la eliminación del carácter nacional de estos cuerpos, como ha ocurrido con los funcionarios de educación y sanidad. Intxaurrga precisó que esta demanda no se hace solo por razones 'románticas', sino 'de eficacia'. A su juicio, son necesarios más jueces porque los retrasos no se producen en la tramitación de los procedimientos, sino 'en la fase decisoria' y abogó, en contra del criterio del Ministerio de Justicia, por mantener el tercer y cuarto turno de acceso a la judicatura (abogados y juristas de prestigio), y por posibilitar 'la incorporación de los actuales secretarios judiciales a las plazas de jueces en los juzgados de entrada'. Intxaurraga sostiene que 'faltan jueces y sobran funcionarios' y plantea una organización 'más flexible, que no determine que cada juez haya de tener su oficina judicial'.

La propuesta del Departamento de Justicia pide mayores competencias para los Tribunales Superiores de Justicia autonómicos a fin de que resuelvan todos los recursos de casación sobre sentencias de tribunales inferiores, salvo para unificación de doctrina cuando exista contradicción con la doctrina mayoritaria del resto o del propio Tribunal Supremo. Así mismo, incluye la creación de un Consejo General del Poder Judicial vasco y una clara exigencia del conocimiento en este ámbito de 'las dos lenguas cooficiales'.